Siete personas, la mayoría de ellas con vínculos familiares entre sí, se sentarán el próximo 27 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón por un delito contra la salud pública. El Ministerio Público solicita para todos ellos 35 años de cárcel, cinco para cada uno de los miembros del clan, y una multa de 1.600.000 euros, 300.000 euros para cinco de ellos y 50.000 euros para los otros dos.
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que una de las procesadas «venía realizando de una manera regular en el tiempo una labor de venta de cocaína, tanto a consumidores finales como a otros distribuidores al por menor, esencialmente en su domicilio, y era auxiliada de una manera continua por sus hijos».
Además, supuestamente recibía expresa colaboración de otros conocidos que también realizaban labores de venta de menudeo en sus respectivas viviendas.
Udyco // Las investigaciones fueron realizadas por efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Por oficio, en junio del pasado año, se solicitó mandamiento de entrada y registro en tres domicilios de los acusados que fueron autorizados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, encargado de las pesquisas. En la intervención, en una de las viviendas fueron halladas elevadas cantidades de cocaína de diferentes purezas, así como varias básculas de precisión, «huevos Kinder vacíos, prensa hidráulica con gato, moldes, detector de billetes falsos, 4.800 euros y 35 libras esterlinas fruto del ilícito comercio de dichas sustancias».
En otra de las actuaciones también encontraron droga y material para poder tratar la sustancia cara a su venta ilegal.
A posteriori, realizaron dos nuevos registros en otras dos viviendas, donde también hallaron cocaína y demás artículos para pesar las sustancias. La Fiscalía, además de la pena de cárcel y la multa, solicita el comiso y destrucción de las distintas sustancias incautadas durante la operación policial efectuada.
El fiscal interesa el sobreseimiento provisional respecto a otras cinco personas, dado que según avanzó la instrucción, «dichos indicios iniciales no han podido ser corroborados por otros más sólidos susceptibles de sostener una acusación por un delito contra la salud pública».
