El Tribunal Supremo ha revocado la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Castellón a un constructor y exdirector de banco que realizó una permuta a una familia de Almassora, a quien pidió la cesión de una parcela de su propiedad a cambio de cuatro pisos en una promoción que iba a edificar y que nunca llegaron a construirse en la intersección de las calles San Fernando y Sebastián Elcano de la localidad.
El tribunal castellonense le había impuesto, además, el pago de 128.000 euros a cada una de las cuatro víctimas. La sentencia de primera instancia sostenía que, ante la dificultades económicas de la constructora y para poner a salvo la citada finca, la donó a su esposa y a su hija, con quienes constituyó una nueva empresa.
Posteriormente, la constructora no pudo hacer frente al préstamo adquirido para la edificación del bloque de viviendas de lujo en Almassora (promoción Fontana) y fue declarada en situación concursal. Quienes fueran dueños quedaron sin la parcela familiar y sin los pisos acordados.
Madrid ha declarado ahora nula la sentencia por un delito de insolvencia punible y ha absuelto al constructor. El Supremo considera que la Audiencia no valoró racionalmente la prueba, al no hacer constar la situación de solvencia del constructor cuando donó la finca a su mujer e hija. Una cuestión, dicen los magistrados, que resulta determinante en el delito de insolvencia punible.
OTRA CONDENA
El pasado mes de junio, el mismo constructor fue condenado por un delito agravado de estafa --en un segundo juicio-- a tres años de prisión, una multa de 1.674 euros y la devolución de los casi 180.000 euros que diferentes clientes abonaron por pisos de la promoción Fontana que no llegaron a acabarse. Una vez parada la obra, no devolvió ese dinero a los clientes y los afectados, sospechando del engaño, denunciaron.
Hasta 33 personas reservaron pisos al procesado, según él mismo reconoció en el juicio celebrado a finales del pasado mayo, aunque solo nueve se personaron como acusación particular.
Entre las víctimas hay afectados que abonaron sumas que oscilan entre los 14.656 y los 35.813 euros, unas cantidades que la empresa dijo que estaban avaladas.
«El banco nos dijo que no existía ningún aval y perdimos el dinero», explicó uno de los denunciantes. «Si no hubiera estado avalado, nunca hubiéramos comprado», aseguró otra víctima.
