Los cinco grupos de la diputación de Castellón, en la que gobierna el PP por mayoría absoluta, aprobaron ayer por unanimidad las nuevas bases de los hasta ahora muy polémicos Planes de Obras y Servicios (POYS), que pasan a denominarse Castellón 135, en un pleno ordinario de diciembre en el que la pauta fue precisamente la del voto unánime y no se emitió ni un solo sufragio en contra de propuesta alguna por parte de ninguno de los diputados.

En línea con la nueva deriva que muestran las relaciones entre los partidos con representación, PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos (C’s) y Castelló en Moviment (CSeM), el clima en el que se dio el visto bueno a los más de 12 millones de euros para los municipios, con la novedad de que los ayuntamientos tendrán más capacidad de decisión sobre a qué destinarán el dinero y podrán hacerlo también en servicios, además de en proyectos cofinanciados, fue relajado y exento en la práctica de debate.

De hecho, la voluntad de diálogo fue uno de los ejes sobre los que pivotaron buena parte de las intervenciones. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, valoró el momento como «realmente importante en la búsqueda del espacio de consenso y resaltó que la inédita «policromía» en la composición de la corporación «no ha impedido buscar puntos de encuentro y unión», en un tiempo que definió como «apasionante». Por su parte, el portavoz del grupo socialista, José Benlloch, quien dejó claro que, por su parte, «agua pasada no mueve molino» dijo que en su formación están «contentos» de que se entienda la política como «instrumento para poder llegar a acuerdos».

Xavier Trenco (Compromís), pidió que se sigan realizando las mejoras pendientes, mientras Cristina Martínez (C’s), aplaudió la actitud dialogante del equipo de gobierno, e Iñaki Vallejo (CSeM), apreció los avances y otorgó su «voto de confianza».