Los ayuntamientos de Castellón siguen esperando una respuesta y todo indica que la solución definitiva llegará antes de que acabe el año. El Gobierno está a punto de cerrar la reforma del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido popularmente como plusvalía municipal. Se trata de una de las tareas pendientes más importantes del departamento que dirige Cristóbal Montoro desde que el pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional (TC) lo declarara nulo parcialmente y defendiese que no debe pagarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior al que pagó por ella.

Pese a que las primeras reclamaciones han llegado ya a los ayuntamientos (solo en la capital 260 vecinos han pedido la devolución del pago), los consistorios siguen a la espera de que el Gobierno aclare cuanto antes cómo habrá que demostrar que, efectivamente, no se ha producido un incremento de valor y desde qué fecha comienza a operar la aplicación del nuevo tributo.

Hacienda es partidaria de que en caso de venta, el contribuyente pueda acreditar que no hay incremento de valor con las escrituras, mientras que en las gratuitas (donaciones o herencias) se tomará de referencia el valor real a efecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que fija cada comunidad autónoma.

Los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya han pedido que el Ministerio les compense por la pérdida recaudatoria que supondrá la reforma del impuesto. Solo en la provincia, los consistorios ingresaron casi 18 millones de euros por este concepto en el 2015 (no hay datos más recientes). En 2008 la cifra ascendió a 12,9 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda. Lo que tampoco está todavía claro es la retroactividad para que los contribuyentes reclamen devoluciones del impuesto, ni la fórmula para ello.

Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, la tasadora Tinsa efectuó un cálculo para estimar cuántas viviendas se habrían vendido en España a un precio inferior al que fueron adquiridas. Es la forma de conocer a cuántos contribuyentes les afectará la reforma de plusvalía. En la provincia de Castellón la cifra asciende a 9.000, mientras que en el conjunto de España son más de medio millón.