El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se movió ayer en la indefinición a la hora de abordar el asunto de qué pasará con la AP-7 a partir de 2019, fecha que expira la actual concesión de esta autopista de peaje que discurre por buena parte del litoral mediterráneo y atraviesa la provincia de Castellón de norte a sur. De la Serna prefiere hablar de «singularidad de los tramos» para adoptar cualquier decisión.

Durante la visita que realizó a la Comunitat, Íñigo de la Serna no quiso entrar en detalles de qué modelo de explotación tendrá esta arteria vial; si se optará por dejarla en manos de la titularidad pública sin ningún tipo de peajes, si se volverá a sacar a concurso con condiciones más restrictivas para la iniciativa privada o si pasará a gestionarse a través de una empresa estatal con pago solo por uso.

Esta autopista fue construida entre 1967 y 1975 y, pese a que estaba previsto que su concesión finalizara en 1998, ésta se ha renovado hasta en tres ocasiones posteriores. 2019 es la última fecha y, según entiende el ministro, la definitiva, aunque se estudia otras fórmulas para su mantenimiento. El ministro avanzó que se tendrá en cuenta «la singularidad de cada tramo». En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que la gratuidad y no otra alternativa «es hoy la posición común de todas las fuerzas políticas valencianas», a lo que añadió que «si en el futuro hay acuerdos sobre el conjunto de infraestructuras valencianas, esta decisión se tendrá que plasmar en acuerdos».