Cuando un empresario decide abrir las puertas de su negocio tiene que pasar, obligatoriamente, por el ayuntamiento. Necesita una licencia de actividad, un documento a priori sencillo que puede tardar semanas o incluso meses. Todo depende de la montaña de papeles que tenga en su mesa el funcionario que se encarga de ese departamento. Y en los últimos años las plantillas municipales no andan sobradas de personal. Todo lo contrario. La poda ha sido especialmente virulenta y en Castellón ha dejado el número de funcionarios municipales en 6.976, un millar menos que hace ocho años. ¿Cómo se las arreglan? Lo hacen a base de bolsas, planes de empleo y becas, es decir, con contratos temporales.
A los ayuntamientos les falta personal y lo peor de todo es que no pueden contratarlos. El Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria impide a la Administración local sustituir al grueso de los trabajadores que se jubilan o causan bajan (la policía local es una de las pocas excepciones) y, lo que es más grave, les prohíbe crear nuevas plazas de funcionarios. ¿Consecuencias? La plantilla está tan ajustada que un simple trámite puede demorarse meses o se debe recurrir a empresas privadas para prestar servicios que antes eran públicos.
Antonio Lorenzo, segundo teniente de alcalde y concejal de Gestión Municipal del Ayuntamiento de Castellón, ha sido uno de los últimos en alzar la voz de alerta. En el 2017, la tasa de reposición (número de funcionarios que ingresan en la Administración dividido por el número de funcionarios que salen de ella por jubilación) será de 17 puestos. O lo que es lo mismo, «prácticamente nada» si se tiene en cuenta que la plantilla está formada por 1.200 trabajadores. «La ley nos impone una tasa de reposición que limita enormemente la capacidad de la administración para poder dar respuesta real a la necesidad de adecuar las estructuras de personal a las políticas públicas», crítica.
La capital no es el único municipio de la provincia que se las ve y se las desea para poder cubrir las demandas ciudadanas. En Vila-real u Onda ocurre lo mismo. «Hacemos virguerías y todos los departamentos están a saturados», argumenta Mari Carmen Aguilella, teniente de alcalde del Área de Administración del Ayuntamiento de Onda.
Idéntica situación se vive en Almassora, donde se ha pasado de los 165 funcionarios del 2008 a los 147. «La consecuencia de esta reducción de plantilla es una merma en la calidad de los servicios que presta el consistorio», apunta Santiago Agustí, concejal de Empleo y Comercio de Almassora, que califica de «error» que el Gobierno central continúe impidiendo a los ayuntamientos una ampliación de la plantilla. «Ya es hora de eliminar esas restricciones y que, con criterios de racionalidad, aquellos ayuntamientos con unas cuentas saneadas podamos contratar personal de manera fija y estable», subraya.
MOCIONES EN LOS PLENOS // La queja de buena parte de los ayuntamientos de Castellón es respaldada al cien por cien por Federación Valenciana de Municipios y Provincias que a principios de mes, y por mayoría, aprobó una moción para instar al Gobierno a eliminar la tasa de reposición.
Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también defiende la supresión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, por entender que «actúa como estrangulamiento de la Administración local», y describe que «hay municipios con 37 millones de euros en sus cuentas que no pueden instalar luces decorativas en sus fiestas, otros que tienen un solo electricista para todas las dependencias municipales y casos en los que de 45 jardineros se ha pasado a 6».
La ley impide a los ayuntamientos crear nuevas plazas de funcionarios y para cubrir vacantes la mayoría optan por bolsas, planes de empleo y becas. Pero esa es una solución temporal. «Lo que reclamamos es que se acaben las restricciones y poder ampliar plantilla, ya que cada vez son más los servicios que prestamos los ayuntamientos», insisten.
