El alcalde de Vila-real, José Benlloch, valoró ayer como “muy positivo” que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real “se tome tan en serio el caso Piaf, sobre las presuntas irregularidades que denunciamos que se produjeron durante la última legislatura de gobierno del PP y que, entre otras cosas, supusieron la emisión por parte de esa empresa de facturas por trabajos no realizados, que ascendían a 600.000 euros y que cuando accedí a la alcaldía me negué a pagar”.
El munícipe se refiere así a la providencia dictada por el juez que investiga el caso, de la que ayer se hizo eco el periódico Mediterráneo, y mediante la que llama a declarar como testigos a 18 funcionarios del Ayuntamiento, así como a ocho exediles populares y al actual portavoz de la formación en Vila-real, Héctor Folgado, quien en la legislatura 2007-2011 --con Juan José Rubert como alcalde-- ejerció como concejal de Cultura y Juventud.
Al respecto, Benlloch considera que los últimos años de gobierno del PP en la ciudad “no fueron demasiado limpios”. Y añade que, quienes fueron ediles populares en aquella legislatura, “aprovechen ahora para dar las explicaciones ante el juez sobre las irregularidades cometidas y que beneficiaron a Piaf y que hasta estos momentos se han negado a dar a la ciudadanía”.
GRAVEDAD // Aun así, Para el primer edil vila-realense “es muy grave que a los que ya se les tomó declaración como investigados --el exalcalde Rubert y el exedil Ramón Tomás-- le sigan ahora, como testigos, quienes formaron parte del Ejecutivo local, para que expliquen cómo llegaron los tentáculos de una firma implicada en la Gürtel a Vila-real”. H
