La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha finalizado la elaboración del estudio ambiental relacionado con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta por el Ayuntamiento de Vila-real para lograr el aprovechamiento del suelo necesario para hacer frente, al menos en parte, al pago de las sentencias urbanísticas que todavía están por llegar y que, como reitera el edil de Territorio, Emilio Obiol, «tienen su origen en la gestión absolutamente irresponsable del urbanismo por parte del anterior ejecutivo local del PP».

Han sido cuatro años de tramitación de un documento que, ahora, se llevará al próximo pleno de la corporación municipal, con el fin de autorizar su exposición al público por un plazo de 45 días, tras el cual se aceptarán o rechazarán las alegaciones que se realicen al mismo para elevar su aprobación a definitiva.

Con todo, el propio concejal Obiol advierte que no pueden darse plazos para el visto bueno de la Generalitat a esta modificación del PGOU, por cuanto «ahora pasará el asunto a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que tiene la última palabra al respecto».

El objetivo de este cambio en el planeamiento urbanístico de la ciudad no es otro que el de poder resarcir con aprovechamiento y metros cuadrados de techo a los dueños de parcelas que los populares ocuparon en su día para acometer diversas obras y que estos recurrieron a los distintos tribunales de justicia, reclamando una compensación por sus terrenos. Un aprovechamiento que se reflejará en buena parte en la zona oeste del casco urbano.

DIFICULTADES // «A pesar de todas las dificultades, no hemos parado ni un segundo de trabajar en esta solución, que consideramos que es la única posible para taponar la sangría que puede seguir suponiendo la gestión urbanística del PP para esta ciudad», asevera el alcalde, José Benlloch.

La versión preliminar de la modificación del PGOU y Estudio Ambiental y Territorial Estratégico incorpora las observaciones del documento de alcance que remitió la Comisión de Evaluación Ambiental al Ayuntamiento en abril del 2018. Entre otras medidas, se justifica la suficiencia de recursos hídricos para el incremento poblacional en las áreas afectadas, se reserva suelo dotacional educativo y se efectúan algunos cambios en la distribución territorial de la materialización de los aprovechamientos, lo que ha obligado a incorporar el espacio del caducado PAI Solaes.