La Diputación de Castellón se sumó ayer a las exigencias de los familiares de usuarios de la residencia Sant Llorenç y al Ayuntamiento de Vila-real para que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas busque «fórmulas que, respetando la legalidad, no perjudiquen a los residentes y a sus familiares, porque ellos no son responsables de los problemas existentes en el centro» y que, según las autoridades sanitarias, resultan de una gravedad lo suficientemente importante como para imponer una sanción que implica el cierre de la instalación durante un año, además de una multa de algo más de 140.000 euros.

Así lo señaló ayer la vicepresidenta de la institución provincial y responsable del área de Bienestar Social, Patricia Puerta, quien hizo pública la preocupación del ejecutivo provincial que encabeza José Martí, ante la clausura --establecida por la Dirección General de Personas Mayores para el próximo 15 de septiembre-- de la residencia en cuestión que, en la actualidad, da servicio a unos 65 ancianos, una quincena de ellos con algún tipo de prestación de la Administración autonómica, mientras que el resto ocupan plazas exclusivamente privadas.

Puerta hizo hincapié en que, «somos conscientes de que la clausura de las instalaciones a partir del día 15 de septiembre puede alterar gravemente la vida de los usuarios y de sus familiares, razón por la que consideramos imprescindible alcanzar soluciones que no resulten traumáticas o lesivas para los afectados en este asunto».

REDES SOCIALES / La indignación por la fórmula adoptada por la Conselleria que encabeza la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que obliga a medio centenar de residentes y sus familias --en el caso de tenerlas-- a buscar un nuevo espacio en un centro geriátrico, pese a que se asegura que se mediará con empresas del sector para reubicar a los ancianos, se deja notar también en redes sociales como Facebook.

Tanto es así, que al comentario de un usuario en el que critica la gestión del departamento que dirigen responsables de Compromís, y en el que destacaba los cero fallecidos por coronavirus en este geriátrico, esta formación política le respondió que «cuando sepas lo que ha pasado en esa residencia, los cero contagios de covid-19 te serán indiferentes».

Un comentario que, según ha podido saber Mediterráneo no ha sentado nada bien a las familias de los usuarios, quienes lo califican de «muy desafortunado».

JUSTICIA // Por otra parte, la Casa dels Mundina fue el lugar cedido por el Ayuntamiento de Vila-real, para que los representantes de las familias explicaran al resto de afectados por el cierre por un año --por sanción administrativa-- de la residencia Sant Llorenç los detalles de la reunión el día anterior con el director territorial de Infraestructuras Sociales, Enric Juan.

Una cita, en la que también informaron de la presentación por registro de tres escritos, dirigidos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a la Fiscalía de Castellón y al juzgado de guardia. A los dos últimos les solicitan que intervengan y suspendan cautelarmente la clausura del geriátrico «porque la decisión puede derivarse en daños irreparables».

Los gestores de la plataforma de familiares aseguran que «no estamos actuando en favor de la empresa, sino de los usuarios». Y destacan que existe una decena de ancianos alojados allí que carecen de personas que puedan hacerse cargo de ellos, por lo que exigen a los responsables autonómicos un mayor margen para reubicar a los residentes.