El PP de Vila-real criticó ayer la firma, por parte del equipo de gobierno, de un convenio con la Federació de Cases de Joventut por valor de 7.000 euros. Según el concejal popular, Jaume Llorens, este acuerdo supone “privatizar” la participación juvenil al “vetar a una gran cantidad de asociaciones religiosas del municipio que hacen una gran labor”.
Y es que, según el edil popular, este ente “no permite la concurrencia de organizaciones religiosas, con lo que se quiere educar a los jóvenes desde la exclusión”. H
