El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, vinculó ayer la ejecución de la obra de la ronda suroeste de Vila-real a la mejora de la financiación de la Comunitat por parte del Gobierno central.

“En estos momentos, todavía estamos en un periodo inicial del ejecutivo autonómico y trabajando en el que será nuestro planteamiento de infraestructuras, con la finalidad de planificar el futuro”, señaló el máximo responsable del Consell a preguntas de Mediterráneo, momentos antes de su intervención en la inauguración del II Congreso Iberomaricano de Mediación Policial, que se celebra en Vila-real hasta mañana.

A este respecto, Puig hizo hincapié en que “el problema fundamental, y hay que decírselo con claridad a los ciudadanos, es que si no cambia el modelo de financiación, ahora mismo, la Generalitat tiene 42.000 millones de euros de deuda que nos ha dejado como herencia el PP”. Es por ello que reclamó “el concurso de todo el pueblo valenciano para conseguir una financiación justa porque con la actual los valencianos estamos profundamente discriminados y no podemos llevar a cabo infraestructuras básicas, como es la ronda suroeste”.

TRABAJO // Aun así, reconoció que este es un proyecto que “hay que acometer” y en el que se está trabajando desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Y aseveró: “Cuando venga a Vila-real para decir que va a ejecutarse la obra es porque se hará de verdad; pero ahora no voy a anunciar que se realizará el próximo año porque, entre otras cosas, tenemos un grave problema de deuda, de la que no tiene la culpa el pueblo sino que es fruto de las decisiones equivocadas que se han tomado por parte de la Generalitat, pero, sobre todo, por la infrafinanciación recibida del Gobierno”.

De reivindicación histórica puede considerarse la que ha venido realizando el Ayuntamiento de Vila-real al ejecutivo autonómico, en especial durante los últimos años, con el objetivo de que esta circunvalación por el oeste del casco urbano, que unirá la carretera de Onda con la N-340, sea una realidad. Máxime, teniendo en cuenta que la ciudad asumió los cinco millones de euros del coste de las expropiaciones. H