El Ayuntamiento de Vila-real prosigue el proceso para conseguir desalojar dos alquerías que se encuentran en la zona de afección de la construcción de varias rotondas de la ronda suroeste, eje que aliviará el tráfico pesado por dentro de la ciudad. En concreto se trata de habitáculos en los caminos Betxí y Sedenyet del Carme -había una tercera en el camino Artana, pero sus ocupantes la abandonaron hace un par de meses y, según explicó el edil de Territorio, Emilio Obiol, se derrumbó cumpliendo los criterio legales- y el objetivo es que sus okupas las abandonen de forma voluntaria sin que sea necesaria la intervención de las autoridades judiciales para un posible desalojo.

Obiol explicó que el Ayuntamiento está elaborando un expediente para la recuperación de la posesión de bienes de dominio público respecto a estas edificaciones que tras la expropiación, por parte de los Ayuntamiento, de los terrenos sobre los que se alzaron para posibilitar la creación de la infraestructura viaria, son de titularidad municipal. Preocupa especialmente el inmueble en el vial a Betxí puesto que los ocupantes residen de forma continua mientras que, según ha constatado el Ayuntamiento, el del camino Artana se gastaría solo como cuadra. «Soy optimista y todavía estamos a tiempo porque la obra de la ronda no está parada pero el tiempo pasa y no hay otra solución que la de que abandonen esas casas», apuntó el responsable de Territorio. En este sentido, Obiol insistió en que el Ayuntamiento «siempre ha ido por la vía administrativa, sin recurrir a la penal aunque estos hechos podrían constituir un delito urbanístico pero hemos actuado de una forma proporcionada».

El edil afirmó que desde Servicios Sociales se ha ofrecido ayuda a los okupas acorde a su grado de vulnerabilidad aunque, por ahora, en el caso del camino Betxí no habría dado frutos.

RECLAMACIÓN / Obiol recordó que fue el Ayuntamiento el que tuvo que pagar y efectuar las expropiaciones para la construcción de este eje «algo que no es lo habitual». En este sentido, el concejal de Territorio insistió en que en muchos municipios cercanos, por ser el procedimiento común, fue la Generalitat la que pagó las expropiaciones y la construcción de las carreteras por lo que continúan reclamando al Gobierno autonómico, por ahora sin éxito, que satisfaga al consistorio los cerca de seis millones que abonó para hacerse con la superficie necesaria para la ronda. «El Consell alega que se alcanzó un convenio pero el Ayuntamiento se siente discriminado por lo que seguiremos luchando», recalcó el titular de Territorio.