El Ayuntamiento de Vila-real ahuyenta los fantasmas de la quiebra y de una intervención de Hacienda tras ganar una sentencia judicial por la reclamación de una inmobiliaria que exigía el pago de 14,3 millones de euros más intereses, lo que se traducía en unos 16 millones de euros, por la recalificación de los terrenos que ocupó la fábrica Fritta, localizados en el Camí les Voltes.
Aunque la empresa, ligada al Banco Santander, todavía puede recurrir la decisión emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, el alcalde, José Benlloch, se mostró ayer «satisfecho», al considerar que se desactiva un «importante riesgo» para las arcas municipales. «Es un balón de oxígeno y podemos respirar más tranquilos, ya que perder esta causa hubiera podido llevarnos a un 120-130% de deuda, a la intervención directa del Estado, aumentar impuestos y tasas o despedir a funcionarios interinos», detalló.
El primer edil considera que la resolución demuestra que «se han hecho bien las cosas, ya que de todo el tsunami de empastres e ilegalidades urbanísticas del PP, este caso nos preocupaba especialmente al poder suponer la quiebra del consistorio y muchas dificultades para el futuro».
Antecedentes
La historia sobre el polémico solar comenzó hace más de una década, cuando Fritta se marchó de la ciudad. Una compañía compró los terrenos, calificados como industriales. En el 2008, se iniciaron los trámites para convertirlos en suelo residencial. «El objetivo era construir rascacielos de más de 20 plantas de altura, como si fuera Nueva York», explicó Benlloch. El 15 de febrero del 2010, el gobierno del PP aprueba la recalificación, acción que contó con una oposición política y social. Tras una denuncia de propietarios, el 7 de junio del 2013, se emitieron dos sentencias que anularon el cambio de uso del suelo. Ante ello, la inmobiliaria considera que se le ha provocado daño y reclama perjuicios, «un bombazo que nos ponía en jaque», según el primer edil.
Gestión
El alcalde quiso subrayar la actuación del Ayuntamiento actual que «siempre defendiendo los intereses de la ciudad». Puntualizó que siguieron tres pasos: «No pagar lo que no se debe y pedir responsabilidades a quien corresponda; abonar lo mínimo que se deba o llegar a acuerdos con los propietarios afectados para saldar las dudas con facilidades; y gestionar para reducir y minimizar los riesgos».
Al respecto de la sentencia favorable, indicó que «tomamos una decisión acertada, al frenar en el 2011 el expediente urbanístico, cuando hubiéramos podido desarrollar los terrenos, pero entendimos que no se podía hacer al ser ilegal. Nos hemos mantenido hasta el final, hasta que la justicia nos ha dado la razón».
