Si los políticos católicos tienen la obligación de acatar los criterios de la jerarquía eclesiástica, como manda el Vaticano, los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué políticos son católicos y están dispuestos a aceptar esta exigencia. Están en juego cuestiones básicas, que afectan a nuestros derechos individuales: divorcio, aborto, eutanasia, uso terapéutico de embriones, contracepción, parejas de hecho, parejas homosexuales...
Ante las elecciones que nos esperan --municipales, autonómicas, generales y europeas--, habrá que reclamar de los candidatos una definición clara en este sentido, para saber si separan su confesionalidad religiosa de su acción política, o si ésta está subordinada a las instrucciones vaticanas.
