El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, niega que en España exista una burbuja inmobiliaria. Su tesis es que el crecimiento de la economía española es más robusto que el del resto de Europa, con la ayuda inesperada de la caída de los tipos de interés y el aumento del empleo. Un panorama que anima a las familias a endeudarse más para comprar una vivienda. Según el Gobierno, no hay perspectivas de un cambio brusco de este entorno que justifique el temor a una caída general de los precios de la vivienda en España.
No es previsible que el Gobierno o los promotores inmobiliarios admitan la existencia de la burbuja, porque les va en ello su credibilidad o su negocio inmediato. Desde que empezó a gobernar, el PP apostó por la liberalización del suelo y de sus usos, y ahora se limita a desear que los efectos no sean muy nocivos. Más allá de las teorías sobre si la burbuja pinchará o no, lo cierto es que en España la vivienda es un problema tan importante como la creación de empleo. Millones de familias no pueden acceder a un piso por los precios desorbitados, y otras tantas lo hacen asumiendo un endeudamiento demasiado frágil frente a la evolución del mercado financiero.
