Querido lector:
Nadie duda de que estamos en una crisis profunda que afecta intensamente a trabajadores y empresas, pero también a las administraciones públicas, esos organismos que a veces vemos tan lejanos pero que son los que por obligación deben gestionar los servicios públicos que financiamos todos los cotizantes de este país.
Los primeros afectados, como siempre, dada su sensible volubilidad a los vaivenes socioeconómicos, son los ayuntamientos. Menos movimiento económico, menos actividad, menos licencias... y por tanto, menos ingresos e incremento de tasas e impuestos para poder cuadrar presupuestos y poder mantener las prestaciones ciudadanas. Aquí no importa el color político. Todas las arcas municipales van a sufrir.
Con el segundo escalón, la Administración autonómica, tal cual de lo mismo, con el problema añadido de que su financiación depende de una tercera administración, la del Estado, que le transfiere fondos en función de sus competencias, con lo cual al problema de la restricción presupuestaria se añade la lucha política.
Pero hay otra circunstancia, además de la política que agrava más la bajada de ingresos. Es la gestión anterior con bonanza y la actual con crisis. Y ahí no hemos hecho tampoco los deberes.
