Convendrán ustedes conmigo, que una democracia es plena cuando los derechos y los deberes de su sistema político, social y económico, alcanzan a toda la población. Por eso nuestra Constitución, en su artículo 14 dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sin embargo, no parece que éste sea el criterio a la hora de considerar a las personas dependientes como ciudadanos de pleno derecho, según las actuaciones de las administraciones públicas. Cierto es, que si usted pregunta a cualquier político sobre el tema se extenderá en un respuesta que podríamos considerar políticamente correcta, pero no es menos cierto que del dicho al hecho hay un gran abismo, y que la discriminación hacia la dependencia empieza a tomar tintes rojo bermellón por el nivel de escándalo a que está llegando. Sobre todo en algunas comunidades autónomas, como la Valenciana, que ha hecho de la ley de dependencia uno de sus arietes más puntiagudos contra el Gobierno central.
El Gobierno valenciano está más preocupado en otros asuntos: en organizar grandes fastos, en los que se despilfarra el dinero a manos llenas; en mostrarse como mujer despechada ante la acusación de casos de corrupción, que le crecen como setas en otoño; o en utilizar a los dependientes en pos de sus intereses electorales, sin importarles cuál es la situación real que estas personas viven día a día. Después, como Poncio Pilatos, se lavarán las manos, cuidadosos de no salpicarse sus trajes "gratis total".
Licenciado en Historia
