Más de 1.200 empresas en Castellón han dicho basta ya a la economía sumergida. Pertenecen a distintos sectores como instaladores de gas, agua, calefacción, promotores y constructores, talleres de automóviles, electricistas, pintores, instaladores de climatización y madera. Han dicho basta por la situación de asfixia en estos tiempos de crisis que, además, se ve acuciada por los piratas, una competencia ilegal y sobre la que la Administración no pone los medios necesarios para erradicar. La obra pública está paralizada, la privada aún va peor y la industria no alcanza ni el 50% del ritmo de trabajo de los últimos años. A los sectores antes citados, solo les quedan los servicios, la pequeña reforma y reparaciones.
Pero este nicho de mercado está plagado de ilegalidad. Las pequeñas empresas, las que apuestan por trabajar dentro de la ley, desembolsan dinero para acreditar a sus profesionales, organizar cursos de seguridad, contratar seguros de responsabilidad civil, tramitar distintas licencias y por si fuera poco pagar todos los impuestos más el IVA.
El Gobierno de España se ha sacado de la chistera una ley que pretende aflorar la economía sumergida. Entra en vigor el 1 de agosto y no gusta a los empresarios porque, lean bien, la vigilancia solo se centra en aquellas empresas que tienen NIF y, por lo tanto, a las piratas no acuden los inspectores si no hay una denuncia previa. Esta queja la han expuesto ante distintos organismos y todavía no han recibido una respuesta. Es más, están dispuestos a acudir a los ayuntamientos para que la policía rastree la calle con el fin de identificar si los trabajadores son cotizantes y a Hacienda para poner coto a los empresarios fraudulentos. H
