Si siempre resulta fundamental en la gestión de los recursos públicos el establecimiento de una exigencia de prioridades y la búsqueda de la eficiencia, ahora en medio de una crisis global de gran alcance, es absolutamente imprescindible.
Estos días hemos visto cómo ni la coyuntura ni el relevo presidencial alteran la constante del gobierno valenciano del PP caracterizado por su falta de sentido social en la determinación de la agenda política. Causa alarma la morosidad desvergonzada que afecta a todos los sectores y a todas las instituciones que tienen relación con el Consell, pero estos días sentimos con especial inquietud la grave situación de las farmacias, que ya sufren problemas de abastecimiento porque se les adeuda toda la facturación desde julio.
Y qué decir de las afirmaciones del conseller de Sanitat que en sede parlamentaria, tras amortizar doscientas plazas hospitalarias, ha tildado de “lujo” la puesta en marcha de hospitales ya finalizados. Lo proclamó con el mismo desparpajo con el que despejó a los farmacéuticos, como si no fuera con él la obligación de la provisión del servicio público de salud.
Mientras tanto, la vorágine de eventos y la monumental arquitectura de fundaciones manifiestamente inútiles, como la que sustenta el proyecto fantasma de la Ciudad de las lenguas, no sufren los recortes. De hecho, el pasado fin de semana los gobernantes del PP se obsequiaron con una suculenta subvención de tres millones y medio de euros para un montaje golfístico que pone en evidencia que el tijeretazo se generaliza en lo social, pero no afecta al núcleo central de los caprichos del poder.
Cuando más se intenta dotar de asepsia ideológica a una acción de gobierno, más resulta contaminada por principios reaccionarios. La suma de distintas decisiones relacionadas con la limitación del estado del bienestar, la ocupación y posterior lapidación del sistema financiero valenciano o la negativa a subir los impuestos de los más ricos suponen de hecho una contrarreforma por la que se redistribuye a la inversa de la lógica de una sociedad avanzada. El modelo del PP produce un resultado concluyente: las clases medias y trabajadoras acaban financiando unas políticas que no benefician a la mayoría social sino a la inmensa minoría.
La acción o, también, la no-acción de un gobierno nunca son neutrales. Si se cierran camas y se incrementan subvenciones como la del golf, se retrata con clarividencia lo que prioriza el modelo del PP que ahora Mariano Rajoy quiere aplicar en toda España. Si se deteriora la provisión de los servicios públicos básicos, se incentiva el negocio y se estimula la desigualdad.
La derecha política y económica, con el apoyo de su potente escuadra mediática, quiere aprovecharse de la crisis para dar un carpetazo a la igualdad liquidando el concepto de universalidad y gratuidad del sistema de salud o de la educación. El ataque masivo se cimenta en la supuesta imposibilidad de su mantenimiento, pero su diseño se inició tiempo atrás con las privatizaciones hospitalarias o la financiación abusiva de la escuela concertada.
Rajoy ha vivido a lomos de la crisis, quiere llegar al Gobierno por la crisis y quiere servirse de la crisis para aplicar la vieja receta de la laminación del estado social, que tanto nos ha costado conseguir.
No, no es verdad que sea la única alternativa. Esquilmar la protección social es el peor camino. Los países más avanzados económicamente son los que tienen una cohesión social más fuerte.
Los socialistas que impulsamos la universalización de la sanidad, las pensiones, la educación, la protección social y el apoyo a la dependencia, no nos resignamos. Hay mucho que recortar antes de afectar al núcleo central que da seguridad y permite a los todos los ciudadanos vivir con dignidad.
Porque, además, la sanidad y la educación pública son fundamentales para una nueva etapa de crecimiento económico. H
