En medio de la polémica sobre el reparto de la crisis, la sociedad civil laica y algunos partidos han puesto sobre la mesa los impuestos, especialmente el IBI municipal, que la Iglesia católica no paga. No es una tarea de blanco o negro. Para que las demandas de cotización de la Iglesia fueran una realidad habría que modificar las leyes, así como los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Pero la Iglesia católica comparte palio fiscal con el resto de confesiones religiosas, entidades sin ánimo de lucro, federaciones deportivas, oenegés, sedes diplomáticas, entidades públicas, colegios, comisarías y edificios de la Cruz Roja en una lista larga. En consecuencia, el esfuerzo para insuflar aliento a las asfixiadas arcas debería ser equitativo.
Pero el debate en torno a la Iglesia y su patrimonio no solo tiene que ver con la acción de grupos como Europa Laica --que calcula que el Estado podría ingresar entre 2.500 y 3.000 millones-- sino también con la opacidad sobre sus posesiones. La Conferencia Episcopal dice ignorar a cuánto asciende su patrimonio, diseminado entre las diócesis, las congregaciones o las asociaciones. Hacer un recuento transparente de todas las propiedades tal vez ayudaría a decidir cuales son susceptibles de asumir la cuota.
