Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, deja el cargo un mes antes de agotar su mandato. Y lo hace después de haber sido sometido desde el Gobierno a una operación de acoso y derribo como pocas veces se ha visto en este país, hostigamiento que culmina con la oposición del Partido Popular a su comparecencia voluntaria en el Congreso de los Diputados.

MAFO, acrónimo por el que se le conoce en los círculos políticos y financieros, se reunió ayer con el presidente del Gobierno, a quien comunicó su decisión. Oficialmente, adelanta al 11 de junio su salida porque en esa fecha habrá que empezar a tomar decisiones de futuro sobre la banca para las que él solo dispondría de un mes. Pero la realidad es que sucumbe a la presión de todo el aparato del PP, del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid, que se ha empleado a fondo para responsabilizarle de todos los problemas del sistema financiero, especialmente de la quiebra de Bankia. No por capricho, sino, entre otras cosas, para diluir la eventual culpabilidad de los gestores de ese grupo de cajas, próximo al PP, y de la Comunidad de Madrid en su hundimiento.

El Gobierno ha puesto en marcha reformas financieras sin contar con el Banco de España para evidenciar su menosprecio mientras estuviera dirigido por Fernández Ordóñez; y ha contratado a dos consultores privados para que evalúen los balances de la banca ignorando a los cuerpos técnicos del instituto emisor, lo que ha supuesto un grave enfrentamiento con estos funcionarios y, lo que es mucho peor, un enorme desprestigio y una fuente de desconfianza en el sistema financiero español y sus reguladores.

Deplorar ese encarnizamiento injustificable no quiere decir que el gobernador haya estado acertado en sus decisiones, porque a la vista está el resultado de las fusiones de las cajas. Bajo su mandato, la banca española ha pasado de estar entre las más sanas y mejor reguladas a estar al borde del rescate. Fernández Ordóñez dejó la Secretaría de Estado de Hacienda, con Pedro Solbes de ministro, para incorporarse al Banco de España, una transición demasiado abrupta que José Luis Rodríguez Zapatero nunca debió apadrinar. El Partido Popular ya se lo advirtió muy seriamente por aquel entonces.