Querido lector, el día 14 de noviembre, el pasado miércoles, asistimos a la huelga general. Por la tarde, y como estaba previsto, se remató la jornada con un montón de masivas manifestaciones. Actos y quehaceres todos ellos que, salvo el ya habitual y violento comportamiento de los Mossos d’Escuadra de Catalunya se celebraron o transcurrieron como se esperaba y tocaba, es decir, con espíritu reivindicativo pero desde el más escrupuloso civismo.
Pero, al igual que días antes de la huelga escribí un par de artículos para explicar las razones del por qué ir y, además, detallar las acciones solidarias que iban a celebrar los trabajadores de los diferentes países de la Unión Europea, ahora quiero enumerar algunos detalles, no todos, que han dicho y hecho ciertas personas e instituciones para frenar o minimizar la jornada de acción y solidaridad del 14-N.
Así por ejemplo, antes de la jornada del 14-N, la CEOE, la patronal, en documento escrito y, también, por la boca de su vicepresidente Arturo Fernández, se olvidó de que el sindicato es una realidad constitucional cuya legitimidad la gana cada cuatro años (en las urnas de las elecciones sindicales de empresa) y se deslizó por la pendiente autoritaria y antidemocrática al cuestionar públicamente la legalidad de una huelga por el simple hecho de que iba contra la decisión del gobierno y su política económica y laboral (¡Dios mío, esto va a peor, quieren que dentro de poco lo que dicte un gobierno sea incuestionable por los trabajadores!). Pero, si lo dicho suena fuerte, al utilizar a la directora general de Política Interior, a Cristina Díaz, para evaluar el desarrollo y ejecución de la huelga, asistimos a algo peor y que se veía venir: el interés del PP, del Gobierno de Mariano Rajoy, de convertir los conflictos sociales y laborales en problemas de orden público y recurrir con excesiva ligereza a las fuerzas de seguridad del Estado para enfrentar situaciones, repito, de naturaleza social y laboral. Después, con intención poco sana, quisieron darnos el pego y, en vez de comparar el consumo eléctrico de 14-N con el día anterior, se intentó comparar con el 29 de marzo (día de la última huelga general) sin querer tener en cuenta que no es correcto por pertenecer a momentos de actividad económica y situación climática muy diferente. No obstante, lo peor, si cabe, lo que llama poderosamente la atención y presenta todos los indicios de que estamos ante una medida que quiere castigar a las organizaciones sociales confrontadas con el Gobierno, es el anuncio (días después de convocar la huelga general y poco antes del 14-N) y por el Ministerio de Justicia cuando ya estaba cerrado el anteproyecto de reforma del Código Penal, de que va a introducir la imputación penal de las organizaciones sindicales que en piquetes, manifestaciones, huelgas... etc., pudieran realizar actos delictivos.
Querido lector, a pesar de todas estas maniobras y por el seguimiento de la huelga y las manifestaciones, el 14-N supone un éxito de dimensión social y europeo y una enmienda a la totalidad de los políticas del Gobierno, especialmente las que tienen que ver con lo económico, lo laboral, los recortes del Estado bienestar... etc. Por lo tanto, o rectifica Rajoy y compañía o, simplemente, el Gobierno convoca un referendo, una consulta popular que ofrezca a los trabajadores la oportunidad de expresar su opinión ante propuestas que no se dieron a conocer ni en campaña electoral ni en el discurso de investidura. En última instancia, es evidente que esto no puede seguir así: me refiero a que no es tolerable el sufrimiento de los trabajadores ni el descrédito de la vida pública española. H
