Suscríbete

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Jose Martí

A FONDO

José Martí

El Trienio Liberal al Senado

Las diputaciones deben jugar su papel para la llegada de los fondos europeos a los pequeños municipios

Fuimos a Madrid. De congreso en congreso y de Trienio en Trienio. Si primero fue el nuestro, Congreso Bicentenario de la Diputación Provincial de Castellón, del 24 al 27 de mayo, Palacio de las Aulas, la semana pasada fue en Madrid, El Trienio Liberal doscientos años después, del 31 de mayo al 2 de junio, en el Senado de España. Los directores de este último fueron Manuel Chust, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Castellón, e Ignacio Fernández Sarasola, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. La organización corría a cargo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Nos parece especialmente acertado que un congreso de este tenor caiga bajo los auspicios del Ministerio de la Memoria Democrática, porque bajo esta denominación caben distintos periodos de nuestra historia, entre ellos, el Trienio Liberal, que tuvo su inicio el 1 de enero de 1820 con la sublevación militar de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Cádiz) para restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 contra el gobierno absolutista del rey Fernando VII. La revolución liberal desencadenó una reacción realista y la ocupación de España por el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, que atravesó los Pirineos para restaurar el gobierno absolutista. El Trienio llegó a su conclusión el 1 de octubre de 1823 cuando el rey Fernando VII disolvió las Cortes y anuló la legislación liberal.

Fue poco tiempo, pero ya nada volvió a ser igual en la política española. Se sentaron las bases de un Estado Liberal, que por supuesto, no era aún un Estado democrático, porque entre otras cosas, excluía a la mujer del sufragio, pero era ya un estado democratizador que daba grandes pasos para la modernización del país. Supone un gran error juzgar todas las épocas históricas con los ojos del presente. Es un anacronismo mental que excluye la ponderación, la mesura y los matices. Juzgar y condenar sin contextualizar históricamente es un ejercicio de sectarismo intelectual.

El Trienio nos dejó herencias sobresalientes que respondían a una serie de proyectos reformistas de gran calado. Entre otros, la instauración en la práctica de la libertad de imprenta que la Constitución de Cádiz había reconocido y que dio lugar a una floración inusitada de periódicos y publicaciones, o la formación cívica del ciudadano, que posibilitó que se pusiera en práctica una educación constitucional. Una de los medidas más importantes del Trienio fue la división provincial de enero de 1822. La península se conformó en 52 provincias con sus consiguientes diputaciones provinciales, que tenían amplias competencias en justicia, hacienda, reclutamiento militar, sanidad, beneficencia, educación, fomento...

Prestadoras de servicios

En el Congreso del Senado tuvimos el honor de comparecer en la mesa que llevaba por título Territorio, Diputaciones y Ayuntamientos, que tuvo como moderador a Alfredo González Martínez, secretario de Estado de Política Territorial. Tuvimos como acompañantes a Francisco Carantoña, catedrático de Historia de la Universidad de León; Carlos Daniel, secretario general de la FEMP; y Nuria Marín, presidenta de la Diputación de Barcelona. Allí, como a buen seguro si nos siguen en estas disquisiciones, ya adivinarán, tuvimos ocasión de reivindicar la legitimidad de origen de las diputaciones provinciales en la Constitución de Cádiz y, sobre todo, la legitimidad de ejercicio de las corporaciones provinciales. Las diputaciones son grandes prestadoras de servicios y dotadoras de capacidad de gestión de los pequeños municipios.

Y como teníamos delante, nada menos que al secretario de estado de Política Territorial, no perdimos para nada la ocasión de reivindicar el gran papel que pueden jugar las diputaciones para que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia lleguen a los pequeños municipios, algo que desgraciadamente no está sucediendo, y la absoluta necesidad de que esos mismos municipios tengan una discriminación fiscal y administrativa positiva, que debe estar recogida en un Estatuto de pequeños municipios. Seguramente estas cosas ustedes ya me las habrán oído-leído más de una vez, y bueno, ahora las han oído en Madrid, en el Senado.

Presidente de la Diputación de Castellón

Compartir el artículo

stats