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El juez se equivoca con Celsa y Cataluña calla

Francesc Rubiralta, ayer, durante el ’afterwork’ organizado por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en el que el presidente del Grupo Celsa dio cuenta de los retos de futuro de la compañía.

Francesc Rubiralta, ayer, durante el ’afterwork’ organizado por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en el que el presidente del Grupo Celsa dio cuenta de los retos de futuro de la compañía. / JOAN CORTADELLAS

Albert Sáez

Albert Sáez

"En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Este es el principal argumento del juez que ha decidido entregar a los fondos de inversión la propiedad de Celsa, líder mundial de industria circular del acero, propiedad hasta ahora de la familia Rubiralta afincada en Cataluña. Una empresa que emplea solo en España a 10.000 trabajadores y factura 6.000 millones de euros y que sufrió un doble latigazo, primero de la pandemia y después de los altos costes energéticos, justo cuando afrontaba importantes inversiones para adaptarse a los objetivos de las Naciones Unidas, de manera que ha sido absorbida, a un precio irrisorio, por unos fondos que probablemente solo ansían malvenderla después de trocearla.

El Tratado de Lisboa (que tiene carácter de constitución de la UE) define la nuestra como una economía social de mercado. De manera que el mercado no puede ser nunca "el único árbitro" como asegura el señor juez. Es curioso que, en este caso, la justicia no haya sido únicamente ciega como le corresponde sino también sorda. Los Rubiralta, como tantas otras empresas familiares, han levantado esta empresa codo con codo con los trabajadores. Nos lo explicó su CEO, Francesc Rubiralta, en un Afterwork de EL PERIODICO, del grupo Prensa Ibérica. Para los nuevos propietarios, los empleados son números y las fábricas, inmuebles. No es descartable que en su proyecto de viabilidad ya han pensado en dedicar algunos de los miles de metros cuadrados de la planta de Castellbisbal a hacer una plataforma logística entre la AP-7 y la A-2 con conexión directa con la línea férrea de alta velocidad. Al juez le debe parecer que eso será mejor recibido por el "mercado", ignorando que creará una décima parte del empleo y se limitará a transportar mercancías que habrán fabricado otros. Es curioso que pierdan antes la empresa unos accionistas que lo ha reinvertido casi todo, que han hecho frente a sus obligaciones fiscales y que han innovado creando empleo que otros acusados de apropiación indebida, fraude fiscal y malversación. El 'Rubiales style' es, ciertamente, la punta de un iceberg y no una isla en el océano.

El capitalismo no tiene futuro sino es inclusivo. El Foro de Davos lleva años reclamándolo. La economía social de mercado es el camino y las empresas familiares algunas de las que mejor encarnan esta manera de entender la conjunción entre el mercado y la responsabilidad social. Celsa tenía hasta ahora un propietario con nombre y apellidos, con un rostro reconocible que vivía en las mismas coordenadas que los trabajadores, proveedores y clientes de la empresa. Habrán cometido errores, pero un juez nunca debería haber permitido que su empresa solo valga lo que indica el mercado. Posiblemente, esta sociedad catalana tan dada a salvar "el país" y a crear "estructuras de Estado" tampoco ha sabido crear el ambiente en el que el juez tomara esta decisión temiendo la "alarma social" que podía provocar. Nuestro empresariado es tan discreto que se deja expropiar en silencio, para evitar afectaciones. En Madrid, el juez hubiera sido señalado antes de dictar sentencia.