El delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, confirió ayer ante el juez de Corcubión, que instruye el caso del hundimiento del Prestige, que durante la gestión de la crisis se limitó a "coordinar" a las administraciones públicas y a "atender" a medios de comunicación.
De Mesa, que compareció en calidad de imputado por la querella presentada por la plataforma Nunca Máis, aseguró que sus funciones se "limitaron" a cumplir lo exigido por la Ley de Organización de la Función de la Administración General del Estado, por lo que no fue responsable de "ninguna de las decisiones" adoptadas en relación al buque, siniestrado ante la costa gallega, según fuentes jurídicas.
Ante los casi 20 abogados que representan a las partes personadas, el delegado declaró que se acogió a la "voz única" para informar a los medios de las actuaciones llevadas a cabo tras el accidente, y coordinó a las distintas administraciones implicadas.
Así, insistió en que no intervino en la "toma de decisiones" sobre el operativo marítimo, ni del alejamiento del Prestige, puesto que ambos asuntos no forman parte de sus competencias.
De Mesa coincidió con los otros dos imputados --autoridad portuaria de Ferrol y antes capitán marítimo de A Coruña cuando se produjo el hundimiento, Ángel del Real, y el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors-- en que fue este último quien "dio la orden" de alejar la nave.
