Una tormenta constitucional amenaza la celebración de la boda del príncipe de Gales. Anoche el palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II no asistirá al matrimonio civil entre el heredero al trono y Camilla Parker-Bowles. La excusa oficial es que se trata de un enlace de bajo perfil y por tanto la soberana prefiere no acudir el 8 abril al Ayuntamiento de Windsor. En principio, acudirá a la bendición que el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, dará a la pareja en el castillo de Windsor.
La ausencia de la jefe del Estado, además de madre del novio y la persona a la que Carlos habrá de suceder, no tiene precedentes y ha hecho sonar todas las alarmas. "Nos hemos adentrado en territorios desconocidos y sólo podemos especular sobre las razones", señaló el historiador David Starkey. Algunos comentaristas políticos muy bien informados, como Alan Bolton de Skynews, predijeron anoche que la boda en Windsor no tendrá lugar y si Carlos quiere casarse deberá hacerlo en Escocia, donde la ley con los divorciados es más permisiva, como hizo su hermana Ana en segundas nupcias.
LA LEGALIDAD Tampoco se ha resuelto, de momento, el debate entre expertos sobre la legalidad de la unión, ni está completamente excluido que el Parlamento, en lo que sería otra chapuza, deba aprobar a la carrera una nueva legislación que valide el matrimonio.
Varios importantes juristas afirman que la actual normativa de Inglaterra excluye que los miembros de la familia real puedan casarse civilmente. El anuncio de la ausencia de Isabel II puede ser la señal de que el plan nupcial está a punto del colapso. La soberana, según la prensa británica, está furiosa con la precipitación y el mal asesoramiento de los novios, que hubieron de cambiar la ceremonia prevista en el castillo de Windsor por el registro público del pueblo.
Oficialmente los cuatro hijos de los contrayentes, los príncipes Guillermo y Enrique por parte de Carlos; y por el lado de Camilla, Laura y Tom, asistirán a la boda en la que el novio no tendrá padrinos, otra anomalía.
