El debate es de salud pública, no de valores como la libertad de expresión o de empresa. Con este argumento la plana mayor del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) pidió ayer a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que aguante las presiones de la industria del tabaco y de la CEOE y mantenga "tal como está redactado" el anteproyecto de ley contra el tabaco que la próxima semana será remitido al Congreso de los Diputados.

El comité, que agrupa a 40 sociedades científicas, acusó a la industria de "falsear datos y sembrar confusión" para lograr que se mantenga la publicidad y se permita fumar en el trabajo, tal como han pedido en el reciente informe del Consejo Económico y Social.

Como ejemplo de la presión empresarial, el presidente del CNPT, Rodrigo Córdoba, destacó que por cada euro que gastan las administraciones públicas en prevención del tabaquismo, la industria tabaquera invierte 40 euros en publicidad. También se mostró partidario de que las cajetillas incluyan imágenes en color con imágenes de los estragos que causa en la salud y que figure un teléfono de asistencia al fumador durante las 24 horas.

5.000 MUERTOS CADA AÑO Los expertos pidieron a los diputados que no permitan que se dé marcha atrás en la prohibición de fumar en el trabajo. "Las evidencias científicas del riesgo del humo ambiental son muy claras: cada año mueren en España 5.000 personas, 1.000 por enfermedades cardiovasculares y otras 4.000 por cánceres y enfermedades respiratorias", aseguró el presidente de la Sociedad Española de Neumología, José Luis Álvarez-Sala.

Álvarez-Sala recordó que la OMS ha catalogado al tabaquismo pasivo como la tercera causa de muerte de evitable en el mundo, después del tabaquismo activo y el alcohol, y advirtió de que una persona pasa un tercio de su vida en el lugar de trabajo.

"Hay que garantizar el derecho constitucional a la salud y a no entrar en contacto con el humo del tabaco, clasificado por la OMS, en el grupo primero de carcinógenos ambientales como el amianto y otros productos químicos altamente tóxicos y regulados por la legislación", defendió Córdoba.

Para los expertos, una regulación que resulte eficaz para lograr la protección frente al humo ambiental, y para que muchas personas se decidan a dejar de fumar no puede contemplar zonas para fumadores como reclaman los empresarios.

El CNPT defendió ayer en un informe que el veto al tabaco es beneficioso económicamente para las empresas. El estudio destaca que reduce los días de baja y absentismo, mejora el rendimiento de los trabajadores, disminuye el riesgo de incendios y los costes de limpieza y mantenimiento de las infraestructuras, reduce los costes de seguros, mejora del ambiente laboral y los productos y elimina los costes de instalación de sistemas de ventilación. Además, mejora la imagen de la empresa al mostrar que se preocupa por la salud de los trabajadores. Los médicos aseguran que en ningún país donde se ha vetado el tabaco en el trabajo ha crecido la conflictividad entre trabajadores.

MÁS NEGOCIO Según los datos del CNPT, el gasto sanitario y social supera los 7.000 millones de euros que el tabaco reporta al Estado en concepto de impuestos. Córdoba aseguró que en los estados o ciudades como Canadá, Nueva York, Noruega, Irlanda y Australia, en los que se prohíbe fumar en restaurantes, bares y hoteles, éstos establecimientos han aumentado su negocio.