A partir del año que viene, la Iglesia católica se autofinanciará. Solo dispondrá de las aportaciones de los católicos, sin el complemento que hasta ahora aportaba el Estado. Exactamente, del 0,7% de la cuota íntegra del IRPF de cada contribuyente que decida donar esa parte de sus impuestos a la institución. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que había llegado "en las últimas horas a un acuerdo" con la Conferencia Episcopal Española para "cambiar radicalmente" el modelo de financiación de la Iglesia vigente desde que, en 1979, el Episcopado prometió "avanzar hacia la autofinanciación".

El nuevo sistema entra en vigor en el 2007 y elimina las aportaciones directas del Estado a la institución a través de dotaciones presupuestarias. A cambio de esa falta de financiación directa, el Gobierno ha accedido a subir el porcentaje sobre el IRPF que recibe la Iglesia del actual 0,52% al 0,7% del año que viene. La Conferencia Episcopal pujaba por llegar hasta el 0,8%, pero el jueves por la noche suscribió una décima menos. El Estado continúa poniendo a disposición de la Iglesia el aparato recaudador de Hacienda. Lograr la autofinanciación que comprometió la Iglesia hace 27 años fue una promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero.

MONTOS A CUENTA Hasta ahora, la Iglesia percibía al año una cantidad fija en los presupuestos (en el 2005 fue de 144,24 millones de euros), supuestamente a cuenta del 0,52% del IRPF de los católicos pactado en 1987. Pero el Estado nunca liquidaba la diferencia entre ese adelanto y la recaudación real, que el año pasado le habría costado a la institución 14 millones de euros (solo captaron 130 millones).

Para el 2007, el Estado ha previsto 147,5 millones de euros (la cifra del año pasado, más el 3%), que espera que sean superados por el 0,7% de la renta que los católicos liquiden en el 2008. La diferencia con el sistema vigente hasta hoy es que, si no fueran suficientes, la Iglesia tendría que devolver la diferencia.

Además de tener que ajustarse a lo que den los fieles, la Iglesia empezará a pagar IVA como el resto de las personas físicas o jurídicas. Fue la Unión Europea quien advirtió a España de que tenía que retirar a la institución la exención fiscal de que disfrutaba. Completa el acuerdo el compromiso de la Conferencia Episcopal de entregar al Gobierno una memoria económica que justifique que los gastos se corresponden a los ingresos.

El acuerdo es "definitivo", aclararon ayer fuentes del Gobierno, que revelaron que fue suscrito entre De la Vega y el vicepresidente del episcopado, el cardenal Antonio Cañizares, la noche del jueves, tras un año de conversaciones. La revelación de la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros cogió desprevenido al portavoz de los obispos, que tardó varias horas en publicar un comunicado confirmando la existencia del pacto al que habían llegado sus superiores.

Sin embargo, las mismas fuentes apuntaron que el porcentaje del IRPF pactado (0,7%) puede revisarse en el futuro, tanto al alza como a la baja, en función de los ingresos que logre recaudar la Iglesia en el 2007. "En la negociación no ha habido la más mínima intención de perjudicar a la Iglesia", explicaron fuentes del Gobierno, sino de "normalizar" la relación de esa institución con el Estado.