El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconsejará al Gobierno que la nueva Ley de Extranjería diferencie entre quienes contratan ilegales y quienes les acogen con carácter solidario y sin ánimo de lucro. Este es uno de los puntos incluidos en el informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley de Extranjería que será aprobado en el pleno del próximo jueves.
En su informe, el CGPJ aconseja que el texto excluya expresamente a las personas u organizaciones que apoyan a inmigrantes ilegales del apartado que detalla como "infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero" entendiendo que se produce "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor".
El CGPJ también considera necesario no dejar a las Comunidades Autónomas y organizaciones sindicales o empresariales fuera del proceso de determinación del cupo de trabajadores que se contratan en su país de origen. Para el órgano judicial "no parece justificada dicha supresión especialmente a la vista las previsiones contenidas en distintos Estatutos de Autonomía sobre esta participación". De hecho, las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de la inmigración son objeto de un voto particular.
