El Congreso dio ayer luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.
Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley. Los grupos parlamentarios rechazaron una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término “añadidos” a los azúcares.
La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado.
Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara alta, en el que intervino la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos coincidieron en valorar la necesidad de la ley y destacaron su importancia. La ministra aseguró que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas. La ley, según la ministra, “encaja perfectamente” en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.
“Lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania el no disponer de esa coordinación sólida y eficaz”, dijo Pajín, que recordó que la tramitación final de esta norma ha coincidido con una crisis alimentaria, la del pepino, que ha afectado especialmente a los productores españoles.
La ministra incidió en que los objetivos de la ley tratan, además, de generar estrategias que fomenten la promoción de la salud, así como asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos.
La titular de Sanidad rechazó, como critica el PP, que la ley sea intervencionista, sino que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento y a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador.
COMPETENCIAS // Por el PNV, Joseba Agirretxea aseguró que la ley cumple los requisitos que se proponía y salvaguarda las competencias autonómicas y municipales en materia de seguridad alimentaria. La diputada de CiU María Concepció Tarruella consideró que establece elementos para trabajar en la prevención de la obesidad infantil.
Por su parte, la diputada del grupo popular Belén Docampo consideró que la ley debería ser más ambiciosa y menos intervencionista “en algunos casos”, y se mostró en contra de que el Gobierno imponga la prohibición a los centros escolares de vender ciertos alimentos y bebidas.
El socialista Francisco Fidalgo señaló que la aprobación de esta ley ha demostrado que la política y las Cortes están al servicio del interés de los ciudadanos, de su calidad de vida. H
