El Ministerio de Sanidad y las autonomías del PP dieron ayer el visto bueno a la contrarreforma del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con un simple documento técnico-jurídico. El texto se entregó a los consejeros autonómicos en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrada solo cinco minutos antes de que iniciarse el debate, lo que enervó a las cinco autonomías no gobernadas por el PP, que se negaron a avalarlo y calificaron de “falta de respeto” la entrega del documento a última hora.
El dictamen aprobado “constata”, según explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, que la reforma “no tiene ningún impacto negativo en el Sistema Nacional de Salud”. Al contrario, “mejora el marco legal” actual en tres aspectos: refuerza la información a las pacientes tanto en la contracepción como en los procesos de interrupción del embarazo, garantiza la prestación de la cartera de servicios manteniendo las actuales prestaciones y aumenta las garantías de jurídicas de los profesionales que quieran acogerse a la objeción de conciencia.
Ni una sola observación negativa aparece en el texto y sobre todo, como reprocharon Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y el País Vasco, no entra en el impacto, según estas, “muy negativo” que tendrá en la salud de la mujeres. Mato se escudó en la petición recibida de Justicia.
Lo que ha sí ha logrado Mato al presentar un informe de perfil tan técnico es evitar que el consejo fuera el escenario de una revuelta de las autonomías gobernadas por el PP que han puesto reparos a la reforma de Gallardón. Extremadura, Galicia y Baleares habían expresado su disconformidad con la norma, pero ayer ninguno de sus representantes dijo nada en contra del informe en la reunión. H
