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El Periódico Mediterráneo

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Derechos

Hasta tres años de demora para un valoración de discapacidad: “No podemos esperar más”

Entidades de toda España exigen en la calle que se reduzcan los tiempos y la publicación de un nuevo baremo, tras dos décadas sin actualizar: ‘‘Es la puerta de acceso al sistema de derechos”

Personas con discapacidad y familiares protestan junto al edificio Cegadi de Santiago, donde se encuentran los Equipos de Valoración e Observación da Discapacidade (EVO) en esa ciudad.

La valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de derechos para muchos integrantes de ese colectivo, no obstante, el movimiento asociativo denuncia una “demora media de once meses” para enfrentarse a ese trámite desde que se solicita, que en los peores casos puede llegar a prolongarse “hasta tres años”. Entidades de toda España se echaron a la calle para visibilizar esta “desesperante” situación, formando largas colas alrededor de edificios como el Cegadi de Santiago, donde se encuentran los Equipos de Valoración e Observación da Discapacidade (EVO) en esa ciudad. La protesta, llevada a cabo de forma simultánea en 18 ciudades con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU), sirvió también para urgir la publicación del nuevo baremo de la discapacidad, aprobado en 2021 tras más de dos décadas sin actualizar.

“En Galicia existen diferentes EVO, y ni todos van al mismo ritmo ni funcionan de forma homogénea. Algunos tienen una espera mayor y otros menor, siendo esta última siempre muy alta, de ahí esa horquilla de uno a tres años que denunciamos. En Lugo y Ourense, por ejemplo, pese a haber solo un EVO, las listas de espera son más bajas, y se sitúan en torno a once o doce meses. Sin embargo, en A Coruña, Santiago y Vigo, e incluso en Pontevedra, con muchas más personas que atender y sin más personal, las demoras son brutales”, advierte Laura Quintas, integrante de la junta directiva y coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), quien recuerda que las entidades del ámbito de la discapacidad llevan “muchos años” denunciando esta situación que, subraya, “ya se daba antes de la pandemia de SARS-CoV-2”.

“La pandemia sirve ahora como mala excusa para todo, pero las listas de espera para las valoraciones de la discapacidad vienen de antes. La irrupción del COVID ha agravado, todavía más, una situación ya de por sí muy grave. Una persona con una enfermedad hereditaria y degenerativa que necesita acceso al baremo de la discapacidad para poder optar a recursos no puede estar dos años esperando, porque durante ese tiempo sus condiciones de salud, sociales y económicas se ven muy mermadas. Tener una discapacidad sale muy caro y no todo lo cubre el sistema público. Pedimos igualdad de condiciones”, resalta.

Concentración a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Junto con la reducción de los tiempos de espera para obtener las valoraciones, el movimiento asociativo reclama la publicación del nuevo baremo del grado de la discapacidad, la herramienta que califica las dificultades que tiene una persona, con una determinada enfermedad o condición, para desarrollarse en la sociedad en igualdad de condiciones. En España, lleva más de veinte años sin renovarse, de ahí que los criterios de valoración se hayan quedado, en muchos casos “desfasados”, según las organizaciones del sector, que urgen la puesta en marcha “cuanto antes” de la nueva escala, que acumula años de retrasos, y que en el actual contexto, tras dos años de pandemia de SARS-CoV-2, se hace “más necesaria que nunca”.

“No podemos esperar más”, apremia la coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de Cogami, quien urge “agilizar los trámites para ponerlo en marcha lo antes posible”, dado que la escala actual está “obsoleta”, con “unos criterios de valoración desfasados” y con la existencia de “condiciones y situaciones que no están siendo reconocidas” y que afectan, en su mayoría, a la discapacidad orgánica, como ocurre con enfermedades reumatológicas, las que cursan con brotes o las que causan fatiga y dolor, dificultando la calidad de vida de las personas que conviven con ellas.

“El nuevo baremo fue consensuado por las entidades de la discapacidad, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en 2017. El año pasado, se aprobó de nuevo ese borrador, pero no se ha publicado. La única novedad, desde entonces, es que a finales de abril se hizo una prueba piloto en varias comunidades para ver cómo funcionaba, porque lleva aparejadas una serie de ayudas tecnológicas para llevar a cabo las valoraciones, pero aún tiene que publicarse en el BOE para que las autonomías puedan aplicarlo. Damos por hecho, por tanto, que esto no sucederá hasta 2023”, destaca.

No obtener el certificado de discapacidad supone “una falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de mantenimiento de empleo, no poder acceder a plazas reservadas a personas con discapacidad en oposiciones, trabas para acceder a ciertas prestaciones económicas y la aparición de otras dolencias por no tener reconocidos ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo”, advierten desde el movimiento asociativo, pero eso no es todo. La escala actual, sostiene la coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de Cogami, “no está adaptada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”, al tener un enfoque que se centra en el individuo y en sus limitaciones, sin tener en cuenta los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica.

“El nuevo baremo supondrá un modelo de derechos humanos, un modelo social que contempla la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados”, reivindica Laura Quintas, quien subraya que las personas más vulnerables precisan respuestas más ágiles por parte de las instituciones públicas. “Por eso desde Cogami y el movimiento asociativo reclamamos a las administraciones implicadas que agilicen el proceso para que las personas tengan una valoración adecuada a su discapacidad, de manera que puedan acceder a derechos y beneficios que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecosto de tener discapacidad”, señala, e incide: “Hablamos de garantizar derechos, no de privilegios”.

El colectivo urge apoyos para favorecer la inclusión de los niños: “La falta de recursos condiciona su futuro”

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi-Galicia) reclama que la inclusión del colectivo comience “desde la infancia”, dado que en la primera etapa de su vida, los pequeños con discapacidad y su entorno familiar “están más expuestos a la quiebra de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión, lo que condiciona gravemente su futuro”. Esta reivindicación se recoge en el manifiesto redactado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres (FCM) con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que el Cermi-Galicia también se ha sumado.

En esa efeméride, el Cermi y la FCM han puesto el foco en uno de los colectivos más vulnerables de entre las personas con discapacidad, de modo que su manifiesto, titulado Niñas y niños con discapacidad, inclusión desde el principio, se centra en la defensa de los derechos de la infancia con discapacidad, poniendo énfasis en el artículo 7 de la Convención de 2006. En él se especifica que “las niñas y los niños con discapacidad son parte inseparable de la infancia, que es plural y diversa, con la que han de relacionarse e interactuar como unos iguales más, en entornos compartidos, inclusivos y respetuosos, sin que sean admisibles separaciones divisivas que aparten de la vida en comunidad”.

Ambas entidades urgen, asimismo, la necesidad de identificar y detectar situaciones de discapacidad en la infancia lo más tempranamente posible, e instan a regular la atención temprana y el desarrollo infantil como “derechos subjetivos exigibles, vinculantes, universales y gratuitos para toda la infancia con discapacidad”. El movimiento asociativo exige también para la infancia con discapacidad una atención y prestaciones sanitarias de calidad, así como entornos seguros con relaciones seguras “en las que quede preservada siempre su integridad y bienestar, protegidos contra cualquier forma de violencia, maltrato y abuso, especialmente del acoso asociado a motivos de discapacidad”.


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