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El Periódico Mediterráneo

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Medio Ambiente

Asturias se pliega a la orden de Ribera y su Programa del Lobo no tendrá cupos

El texto, que será debatido este viernes en el Comité Consultivo de la especie, cede la última palabra al Ministerio a la hora de eliminar ejemplares

Una pareja de lobos peleándose en la Casa del Lobo. ELOY ALONSO

No habrá más cupos para eliminar lobos en Asturias y la última palabra a la hora de proceder a cualquier extracción la tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Gobierno del Principado se ha plegado a la orden de la ministra del ramo, Teresa Ribera, que el pasado mes de septiembre declaró la protección de todas las poblaciones españolas de lobo, incluyéndolas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Así se recoge en el borrador del "Programa marco para el desarrollo de las extracciones de lobo en el Principado de Asturias, 2022-2023", al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo que este diario, y que el Gobierno asturiano someterá hoy a debate en el seno del Comité Consultivo del Lobo.

Una vez aprobado el Programa previsiblemente hoy mismo ya solo su derogación o una intervención de los tribunales de justicia podrían modificar la nueva situación. Esta última posibilidad entra dentro de lo posible, porque el Principado, lo mismo que las otras tres comunidades autónomas del Noroeste y varias organizaciones agroganaderas han recurrido en la Audiencia Nacional la orden ministerial que modificó el estatus del lobo.

El Principado deja bien claro ya desde la introducción del Programa que está obligado a cumplir la orden ministerial. Recuerda que el II Plan de Gestión del Lobo autonómico obliga a que el Programa defina "los cupos de extracción estimados a partir de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres", y “los métodos de extracción a emplear en cada caso”.

Pero subraya a continuación que la orden ministerial que protege al lobo conlleva, "entre otras, la prohibición de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". Y que, como consecuencia de su entrada en vigor, "y sin perjuicio de que haya sido recurrida por esta comunidad autónoma, el régimen normativo y el procedimiento de extracción de ejemplares previstos en el Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias se ven desplazados", quedando sujetas las medidas "a las condiciones impuestas en la orden ministerial".

Tal y como había adelantado este periódico, entre esas condiciones destaca que solo podrán eliminarse aquellos ejemplares concretos que causen "perjuicios importantes" al ganado, "atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos", y siempre demostrando "que no existe otra solución satisfactoria" y que se han aplicado "adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces".

Más condiciones: solo se podrá matar un lobo si se justifica que la medida "no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie". Y, en todo caso, las medidas deberán ser "selectivas", y realizarse "en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas".

El Principado deberá, además, solicitar al Ministerio un informe "preceptivo no vinculante" sobre el efecto de la actuación sobre el estado de conservación de la especie, lo que, de facto, significa que Transición Ecológica tendrá siempre la última palabra sobre las extracciones. Porque si informara que una extracción afecta negativamente al estado de conservación de la especie y el Principado la permitiera estaría incumpliendo la orden ministerial.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) resaltó que el texto implica que el Principado "asume la autoridad del Gobierno de España" y "rompe con la ‘cuadrilla’ del Noroeste", en referencia a la unión que mantenían hasta ahora Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en este asunto.

"El Principado abandona su política sobre el lobo y no cuantifica capturas. Se acaba su plan de hecho", interpreta Ascel, que añade: "Ni (Hugo) Morán ni (Alejandro) Calvo pueden pretender subir y bajar simultáneamente una escalera. El lobo o se protege o se mata. Y el Principado asume que no se puede matar, de facto", concluye.

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