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Salud sexual y reproductiva

Estas son las claves de la ley del aborto que ha aprobado el Gobierno

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto legal que blinda el aborto en la sanidad pública sin contar con los informes del CGPJ o el Consejo Fiscal

Estas son las claves de la ley del aborto que aprueba este martes el Gobierno

Estas son las claves de la ley del aborto que aprueba este martes el Gobierno. ZML | Foto: Juan Manuel Prats

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Estas son las claves de la ley del aborto que aprueba este martes el Gobierno. Patricia Martín

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, para su remisión a las Cortes, sin contar con los informes del CGPJ o el Consejo Fiscal que tenían de plazo hasta finales de junio para pronunciarse sobre el proyecto legal que el Gobierno aprobó en mayo, en primera vuelta. Pero como no es nuevo que los órganos consultivos incumplan los plazos, lo que dilata la aprobación de las leyes, el Gobierno ha decidido continuar el proceso sin esperar a unos informes no vinculantes.

Y es que la negociación en torno a la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva entre Igualdad, en manos de Unidas Podemos, y el ala socialista del Gobierno fue intensa y es de prever que los debates se reproduzcan en las Cortes, lo que podría dilatar la aprobación definitiva y que no dé tiempo a que entre en vigor esta legislatura. De ahí que el Gobierno haya decidido pisar el acelerador de una norma importante y controvertida.

De hecho, la reforma incorpora medidas que van más allá del aborto -ya de por sí un tema complejo- y que afectan a la salud sexual y reproductiva. Estas son las claves de la nueva norma:

Las medidas sobre aborto

Para garantizar el aborto en la sanidad pública, donde apenas se practican interrupciones de embarazos, la ley crea un registro de objetores, similar al que ya existe en la eutanasia, con el fin de identificar qué servicios tienen que reforzarse y convertir así el aborto en una prestación más.

La norma elimina los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso (ya no será delito). Y permite que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Además, los centros de salud distribuirán la píldora de día después, que ahora vale 20 euros, de forma gratuita.

Por otro lado, entre las novedades introducidas en el texto este martes destaca que se "garantizará la asistencia y el acompañamiento a la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal".

Salud menstrual

Por primera vez, una ley española dedica un capítulo íntegro a los derechos relativos a la salud menstrual. En él se crea una baja laboral a la que podrán acogerse mujeres con reglas dolorosas. Esta incapacidad temporal deberá prescribirla el médico y será financiada íntegramente por el Estado. Asimismo, se crean otros dos permisos, uno universal para mujeres en la semana 39 de gestación y otro cuando el médico estime que la mujer no está en condiciones de trabajar tras un aborto, tanto voluntario como involuntario.

Además, se repartirán gratuitamente compresas y productos de higiene femenina en institutos, prisiones, centros sociales y organismos para tratar de atajar la pobreza menstrual.

Violencias reproductivas

El anteproyecto contempla como violencias reproductivas la gestación subrogada y la esterilización, el embarazo y el aborto forzoso. Asimismo, la norma trata de acabar con algunas prácticas de violencia obstétrica en los paritorios y las consultas ginecológicas; aunque ante el rechazo que generó en el ámbito médico el propósito del Ministerio de Igualdad, finalmente este término no se incluye en la proyecto legal pero sí se insta al personal sanitario a que actúe conforme al parto respetado. Asimismo, se exige recabar consentimiento informado de la mujer antes de cualquier práctica invasiva en un parto.

En este contexto, la ley prevé también la elaboración de un protocolo común y la formación de los profesionales en el parto respetuoso y no intervencionista.

Anticoncepción

El anteproyecto contempla que se imparta educación sexual en todas las etapas educativas, como ya hizo la ‘ley Celáa’. Además, prevé que se repartan de forma gratuita anticonceptivos en los centros educativos y penitenciaros. Se crearán centros de atención especializados salud sexual; una línea de atención telefónica y se formará a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

Además, las píldoras de última generación volverán a estar financiadas por la Seguridad social.

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