La trama de extranjería de Castellón que presuntamente amañaba uniones de hecho a inmigrantes --a cambio de importantes cantidades de dinero-- para obtener la residencia en España podría haber estado operando en la provincia durante, al menos, cuatro años. Son las sospechas que tienen los investigadores del caso, que examinan ahora numerosa documentación requisada en el registro de la oficina profesional del supuesto cabecilla, el hombre que decía ser abogado, gestor y asesor y que ofrecía sus servicios para orquestar las presuntas uniones fraudulentas, como avanzó Mediterráneo. Los agentes tratan, asimismo, de seguir el rastro al dinero recibido por la red y analizan si pudo cometerse también un presunto delito de blanqueo.
Por el momento, ya son 26 los detenidos por su supuesta vinculación con la trama de extranjería y el número de investigados podría alcanzar ya el medio centenar en cuestión de días.
Bajo sospecha
En estos momentos, los enlaces de más de una treintena de parejas se encuentran en el punto de mira en Castellón por lo que, cuando concluya la investigación, los permisos de residencia de esas personas también podrían invalidarse.
Todo apunta a que la trama de extranjería pagaba cantidades que rondaban los mil euros a ciudadanos españoles --o de otros países de ámbito comunitario-- para que se hicieran parejas de hecho de inmigrantes procedentes de otros continentes. En el caso de los extranjeros que buscaban conseguir los papeles de residencia, las cantidades que entregaban oscilaban entre los 6.000 y 8.000 euros, según datos de la investigación, que busca ahora localizarlo.
Asimismo, había otras personas que cedían sus domicilios para que la red empadronara allí a las supuestas parejas, ya que debía acreditarse la convivencia de las mismas. Los falsos contrayentes se aprendían de memoria los datos del otro para poder simular una relación de pareja real.
En estos momentos la Policía Nacional lleva casi cinco meses de exhaustiva investigación. La misma todavía se encuentra abierta y quedan dos fases de la operación todavía pendientes de concluir.
El Colegio de Abogados sigue de cerca el caso
El Colegio Oficial de Abogados de Castellón sigue de cerca el caso, pues el cabecilla de la trama se hacía pasar por letrado sin serlo --el colectivo asegura que no está colegiado y que no tienen ni siquiera la certeza de que sea licenciado en Derecho--. Su detención causó un gran revuelo entre el sector judicial al hacerse público que se anunciaba como abogado, gestor y asesor para llevar a cabo los trámites a inmigrantes --de forma fraudulenta y previo pago de importantes cantidades de dinero, según la investigación--.
«Si no tiene la carrera y pudiera tratarse de un delito de intrusismo, deberíamos personarnos dado que una función de los Colegios de Abogados según nuestro Estatuto es la de perseguir el intrusismo profesional. Si fuese licenciado, procederíamos a comunicarnos con la Conselleria de Justicia», incide el decano, Manuel Mata, quien traslada un mensaje de tranquilidad a la sociedad castellonense tras este escándalo.
