Cuatro castellonenses han sido condenados por la Audiencia Nacional a penas que oscilan entre los nueve meses y los tres años y once meses de prisión por tráfico internacional de drogas.
Según ha declarado probado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, formaban parte de un grupo organizado dedicado a facilitar y distribuir la entrada en España de cocaína, a ocultar dinero obtenido de forma ilegal y aflorarlo después para introducirlo en el mercado. Así lo descubrieron miembros del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Teruel y de Alicante a finales del año 2014.
Esta organización, cuya investigación se centró en principio en seis personas que se comunicaban fundamentalmente a través de Blackberrys, utilizaba diversos apodos para sus miembros y estaba estructurada de una forma muy clara, con funciones determinadas para cada integrante. Así, dos de los castellonenses procesados eran los compradores y financiadores de la sustancia, mientras que los otros dos tenían funciones inferiores en la organización.
A principios del 2014 uno de los castellonenses contactó con un suministrador de cocaína, residente en Sudamérica, lo que motivó de una parte la realización de varios viajes al citado continente con objeto de conseguir la cocaína y, de otra, una serie de reuniones en España con otros acusados con la finalidad de conseguir su efectiva introducción.
Cómo llegaba la sustancia
Parte de la sustancia iba a llegar a España en una embarcación desde Brasil, aunque finalmente antes de la travesía surgieron diversos problemas. Posteriormente, unos 300 kilos de cocaína iban a ser transportados desde Venezuela en un velero, que tardaría 28 días en llegar a territorio español. Finalmente, llegó a València, procedente del puerto de Guayaquil (Ecuador) un buque con un contenedor que ocultaba en un doble fondo 123 kilos de la sustancia. Tres de los miembros de la banda intentaron rescatar la cocaína antes de la salida del puerto sin éxito, siendo objeto la misma de una entrega controlada, llevándose a cabo las pertinentes detenciones en la nave de destino.
Más tarde, la organización realizó también envíos de droga al puerto de Algeciras (Cádiz) y al de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando la organización fue arrestada por la Guardia Civil se practicaron registros en una vivienda de Navajas, donde hallaron teléfonos móviles y dinero en efectivo; y en una casa de Vila-real, donde encontraron un correo en el que se vinculaba al propietario con un viaje a Gran Canaria. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
