La Audiencia Provincial de Castellón juzga este miércoles a 18 personas, presuntos miembros de dos clanes familiares de etnia gitana y acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a traficar con drogas en la zona de la playa de Almassora. Según mantiene la Fiscalía, los procesados formaban parte de un grupo especializado en la venta de drogas --especialmente cocaína-- y con un modus operandi que imitaba a las delegaciones de una empresa, hecho que les permitía tener la logística necesaria para evitar el desabastecimiento de la droga.
El 7 de julio del 2020 se realizaron las entradas y registros autorizados por el Juzgado de Instrucción 2 de Castellón en las viviendas de los procesados, siendo siete en Almassora y dos en Castellón, en el marco de la operación Atipa.
Los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, que habían realizado la investigación desde hacía dos años, se incautaron de dinero, diferentes cantidades de droga y utensilios para prepararla, entre otros enseres.
Durante las vigilancias realizadas desde el 2018, estos efectivos se percataron de un notable repunte de las aprehensiones de droga, así como de un importante trasiego de personas que entraba en los domicilios citados sin tener aparentemente ninguna relación con sus moradores. Estos hechos pusieron a los agentes tras la pista de los presuntos traficantes, que protegían las casas con puertas acorazadas, rejas y travesaños de acero para dificultar el acceso. Los agentes tuvieron que hacer un butrón en un domicilio para entrar.
Según relata el Ministerio Fiscal, las viviendas funcionaban como supermercados de la droga. Al parecer, los clientes entraban con su coche al patio entre los edificios y, por la ventanilla, hacían su pedido, como si se tratarse de un restaurante de comida rápida.
Además de la distribución de sustancias, en varias viviendas se descubrieron plantaciones de marihuana con más de un centenar de ejemplares, así como también armas de fuego y defensas.
El fiscal solicita penas que oscilan entre los cinco y los 17 años de prisión por varios delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal en un juicio que se celebrará en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castelló.
34 días cotizados, pero dos viviendas y tres vehículos
La actividad laboral de los acusados era, cuanto menos, llamativa. Y es que, por ejemplo, teniendo solo 34 días cotizados, dos de ellos contaban con dos viviendas en propiedad, además de tres vehículos --un BMW 525D, un Opel Zafira y un Ford Focus--.
Otra pareja no ejercía trabajo alguno desde el año 2004, pero sin embargo tenían en el banco más de 45.000 euros, además de haber comprado dos inmuebles en 2018 y 2020 y un Volkswagen Touran.
Otro matrimonio tenía como único ingreso para su unidad familiar el trabajo de uno de ello, si bien el nivel de vida que llevaban no correspondía al salario recibido. Así, compraron una casa en Almassora, un coche Renault Megane, otro Mercedes Benz Class 200D --valorado en 27.400 €-- y un Quad Suzuki. Además, a esta pareja se le intervino una plantación de cannabis en su domicilio y 18.000 euros en efectivo.
