Un agente de la Guardia Civil de Vinaròs se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 13 de septiembre para enfrentarse a una pena de 13 años de prisión por un presunto delito de tráfico de drogas y otro de descubrimiento y revelación de secretos.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el acusado, de 43 años, ingresó en prisión preventiva tras su detención en junio del 2016 y permaneció privado de libertad hasta el mes de noviembre de ese año, cuando quedó en libertad con cargos. Según el mismo documento judicial, al parecer, valiéndose de su condición de agente de la autoridad y al margen de sus funciones profesionales, realizó diversas consultas en bases de datos y ficheros informáticos de dependencias policiales para obtener información sobre determinadas personas vinculadas a la venta y consumo de sustancias estupefacientes a pequeña escala.
Supuestamente, compartía dicha información con otra persona acusada en el procedimiento. Así, en este contexto, ambos se trasladaron en coche desde Vinaròs hasta Roquetas de Mar (Almería) al efecto de adquirir drogas y transportarlas, nuevamente, a la capital del Baix Maestrat para proceder después a su venta.
Fue la propia Guardia Civil, concretamente el servicio de asuntos internos, la que inició las investigaciones y descubrió que los dos acusados habían adquirido 50 gramos de cocaína en la localidad andaluza.
Interceptados
Tras esta operación, los agentes que realizaban el correspondiente seguimiento interceptaron a los acusados en la AP-7, en dirección Barcelona. Inspeccionaron el vehículo a fondo y en él hallaron una pistola glock modelo 19 de 9 milímetros y, ocultos en un apoyabrazos de la parte trasera, un envoltorio blanco que contenía la cocaína comprada, que hubiera alcanzado en el mercado clandestino un valor muy próximo a los 2.000 euros.
La Fiscalía pide seis años de prisión y 5.500 euros de multa para el cómplice del guardia civil detenido, pero eleva esta pena a 13 años para el agente, para quien además pide una multa económica de 7.500 euros.
El pasado año un guardia civil de 45 años, perteneciente al cuartel de Sant Mateu, fue condenado por un delito de tráfico de drogas y expulsado de la Benemérita, como avanzó este diario. La Justicia declaró probado que el agente pertenecía a una red de distribución de marihuana que en el año 2012 operaba en la zona norte provincial. La red tenía una nave industrial en Benicarló, que utilizarían como guardería para ocultar la sustancia, y donde se hallaron 110 plantas.
