La Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a dos promotores inmobiliarios de Orpesa de los delitos de apropiación indebida y estafa. La Fiscalía pedía para cada uno de ellos tres años de prisión y los acusaba de engañar al comprador de un apartamento, que pagó casi 340.000 euros por la casa.

Sin embargo, el tribunal castellonense considera que los hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de los delitos por los que venían siendo acusados porque «no concurren los requisitos». Según los magistrados, el apartamento «fue realizado y construido, si bien posteriormente y por decisión del comprador, como consecuencia de su entrega fuera de plazo, solicitó la rescisión del contrato». Ante estos hechos, el tribunal considera que los anteriores extremos «no pueden tener una relevancia penal y no son constitutivos de estafa y tampoco existe apropiación, puesto que no ha habido distracción o apoderamiento del dinero recibido, ya que el mismo se destinó al fin que le era exigido, que era la construcción del apartamento».

Con el fin de que le devolvieran el dinero, el perjudicado interpuso una demanda judicial en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Castellón, que dictó sentencia en el año 2013 y condenó a las mercantiles a devolver los 339.500 euros de la vivienda al demandante, más los intereses.

Al poco tiempo de comenzar la ejecución, la constructora presentó su concurso voluntario de acreedores, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Con la absolución de los dos acusados, la Audiencia ha declarado de oficio las costas procesales.

Un constructor y exdirector de banco en Castellón se vio envuelto recientemente en varios procedimientos judiciales por su actividad inmobiliaria. Entre las sentencias de la Audiencia, una de ellas lo condenó a cumplir tres años de prisión por la sonada estafa inmobiliaria que cometió en Almassora entre los años 2007 y 2008, de la que fueron víctimas más de 30 personas. El Tribunal Supremo confirmó después la pena que le impuso al procesado la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2018, cuya sentencia recurrió el empresario en casación.

En otro de sus pleitos, el Supremo lo absolvió después de que la Audiencia le impusiera tres años y medio de cárcel por apropiación indebida del dinero que 14 afectados pagaron por unos pisos que no llegaron a completarse en la carretera de Ribesalbes de Castelló, como publicó este diario.