La sentencia dictada por los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón relativa al conocido como caso Piaf, lejos de finalizar un largo proceso que se alarga ya una década, podría dilatarse al menos otro año y medio si las partes deciden presentar recurso a la misma ante el Tribunal Supremo (TS), lo que deben anunciar antes de cinco días.
Cabe recordar que el fallo únicamente castiga a tres de los acusados, mientras que absuelve a otros cuatro. Se trata del exalcalde Juan José Rubert, al que se le condena a ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público; a su exconcejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, con otros siete años; y al empresario relacionado con la empresa Piaf, Antonio Pons, también con ocho años y seis meses.
Según ha podido saber Mediterráneo, todas las partes implicadas --tanto el Ayuntamiento como los propios condenados-- estudian con detalle el fallo de la Audiencia, con la finalidad de recurrir el mismo. En el caso del consistorio para abundar en la tentativa de malversación de fondos públicos; y en el caso de Rubert, Tomás y Pons, por no estar de acuerdo con las conclusiones del tribunal.
De esta forma, la posibilidad de que se presenten estos cuatro recursos, lo que deben confirmar las partes en el plazo de un mes, el proceso podría dilatarse al menos otros tres años, en función del volumen de trabajo y de causas existente en el Alto Tribunal.
La base de la condena
Y es que, mientras para los acusados no existió la colaboración que se ha defendido en todo momento desde la acusación particular que ha ejercido el Ayuntamiento entre el último ejecutivo local del PP y la mercantil Piaf (ahora en concurso de acreedores), la sentencia de la Audiencia hace un hincapié especial en las supuestas obras de mantenimiento del trinquete que, finalmente, derivaron en el derribo del inmueble y construcción de otro nuevo, con una inversión de cerca de medio millón de euros, a los que habría que sumar otros casi 200.000 de la cubierta.
Aquí, los magistrados inciden en que, con el trinquete, «se está ante un troceamiento de facturas para no llegar a la cantidad de 30.000 euros y así estar ante contratos menores, que fueron realizados en su totalidad por Piaf, sin adjudicación en ningún tipo de licitación pública». También se menciona la remodelación de la segunda planta del ayuntamiento, que «se adjudicó de forma directa también a la mercantil Piaf, sin sujeción a ningún tipo de procedimiento», pese a que supuso una inversión de 166.814 euros.
En ambos casos, el tribunal hace especial mención a la obligación que omitió el exalcalde Rubert de garantizar en todo momento la legalidad del proceso.
