El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha denegado la petición de dos parlamentarios del Partido Popular de suspender de forma cautelar el decreto autonómico que regula los usos de las lenguas cooficiales en la administración y en las instituciones valencianas, que ha sido recurrido por el Gobierno.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza así la petición de los diputados autonómicos Jorge Bellver y María José Ferrer porque en su escrito no han acreditado el «daño irreparable» que puede causar la aplicación de la norma aprobada por la Generalitat valenciana, según informó el TSJCV en un comunicado.
La petición llegó después de que la Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno en la Comunitat interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 61/2017 de la Generalitat por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales.
En su solicitud, los recurrentes alegaron la ineficacia de los actos administrativos dirigidos a comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico dictados exclusivamente en valenciano y fundamentaban la petición de suspensión en la marginación que el decreto hace del castellano. Entendían que un decreto «no puede establecer cuál es la lengua oficial de otras comunidades y no existe ninguna comunidad autónoma, salvo la valenciana, que tenga el valenciano como lengua oficial», según se expone en el texto presentado.
