El aumento de patrimonio de los dos delegados de pagos de la Subdelegación detenidos --uno de 70 años y ya jubilado-- se encuentra en el punto de mira de los investigadores. Y es que, según ha podido saber este periódico, poseen casas en Benicàssim y fondos de pensiones millonarios. En referencia a su cómoda posición, los trabajadores del organismo público justificaban que sus bienes eran parte de «herencias», según fuentes cercanas al caso.

Pero no solo ellos están en el punto de mira por presunta malversación y falsedad documental, sino también sus mujeres por un posible blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan, incluso, que el exdelegado de gastos ya retirado continuara enriqueciéndose y colaborando con el presunto fraude provincial estando ya jubilado de su puesto.

Lo cierto es que las alarmas no saltaron en ninguna instancia hasta que una funcionaria de la institución gubernamental de Castellón dio parte a la Policía Nacional de las facturas falsas que descubrió el pasado verano.

LAS ALARMAS NO SONARON NI EN VALENCIA NI EN MADRID

Ni en Valencia ni en Madrid los recibos y cuentas de la Subdelegación de Castellón habían despertado suspicacias. Unos documentos que contendrían irregularidades desde hace más de una década (bajo los mandatos del todavía subdelegado David Barelles y del concejal de Seguridad y portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Lorenzo), aunque solo por los últimos diez años se desprenderían responsabilidades penales.

Las investigaciones ahondan ahora en las firmas de las más de un millar de facturas ficticias o falseadas, así como en los cheques al portador que el hasta ahora tesorero llegó a cobrar. Se trata de recibos que van desde los 100 hasta los 2.000 euros hasta sumar, por el momento, casi un millón. Se trataba pues, de una especie de pitufeo con cargos de cantidades no muy elevadas para no levantar sospechas.

Los dos delegados de gastos y la veintena de pequeños empresarios arrestados se encuentran en libertad con cargos, después de que la policía procediera a su detención. Este periódico ha podido conocer que el tesorero que se encontraba en activo comenzó cambiando los conceptos de las facturas con la connivencia de los gerentes de tiendas de pintura, impresiones, fontanería, droguería. Posteriormente, varió su modus operandi y les pedía recibos ficticios por unos servicios nunca prestados, repartiéndose entre ellos el dinero abonado por la Subdelegación al 50%.

Finalmente, el empleado decidió que no quería seguir compartiendo el pastel con los pequeños empresarios y pasó, directamente, a falsear los recibos de negocios que desconocían la existencia de las facturas.

Este hombre consignó en el juzgado 27.000 euros al ser arrestado y mostró su voluntad de colaborar y de devolver lo defraudado en una fase temprana de la investigación. Sin embargo, este importe se queda muy lejos de lo que podría haber ocultado.