La coordinadora general del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido “prudencia” y “dejar trabajar a la justicia” en la causa que investiga el proyecto de la planta de gas Castor. Además, la dirigente popular ha exigido al PSOE que pida perdón por autorizarlo, a pesar de las “dudas” sobre su tramitación y asuma “responsabilidades políticas”.
Así se pronunció ayer la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente tras conocerse que la jueza de Vinaròs que instruye el caso ha citado a declarar a 18 exaltos cargos de los Ministerios de Agricultura e Industria, durante el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto.
De igual modo, también deberán personarse ante la jueza los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, así como su representante legal, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Y es que el auto, basándose en la denuncia de la Fiscalía, considera que fue “consentido” por el Ministerio que la compañía hiciera “caso omiso” de diversas advertencias sobre posibles riesgos sísmicos en la zona.
De igual modo, Bonig ha instado al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a que aprovechen la visita que hará este último este fin de semana a Valencia para disculparse y exigir responsabilidades políticas por la autorización. La coordinadora general de los populares valencianos ha recordado que, en el 2012, Puig exigió al Gobierno de Mariano Rajoy la apertura de Castor “porque iba a ser el gran proyecto de revitalización económica y de generación de empleo”, mientras que Sánchez votó a favor de la planta.
“Fehaciente” // También se pronunció ayer sobre este asunto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien señaló que es necesario ser “sumamente respetuosos” con las causas judiciales. Además, Soria reiteró que, hasta que los expertos no garanticen de forma “fehaciente” que no hay riesgo en su puesta en marcha, el almacén permanecerá en estado de hibernación y su actividad paralizada. De todos modos, los informes del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico ya avalan que los cerca de 500 seísmos en la zona se debieron a la inyección de gas en la planta.
También abordó este asunto el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, al asegurar que lo que hace ahora el juzgado es “acotar las responsabilidades, ya que las decisiones fueron tomadas entre el 2007 y el 2010 por el Gobierno socialista. Eso es positivo, porque había tentación de expandir el problema y hacer ver que todos lo eran”. “Quienes fueron los responsables de poner en marcha esa planta deben de serlo de haber tenido que pagar la indemnización más alta del país”, apuntó Moliner. H
