La Confederación de Empresarios y la Asociación de Trabajadores Autonómos de Castellón piden más mano dura para combatir la economía sumergida en la provincia, tras conocer los últimos datos recogidos ayer por este periódico, que evidencian que la crisis ha disparado a 3.400 millones la cuantía que escapa al fisco. 770 millones más que en el 2008, según el informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
Las principales asociaciones de trabajadores de Castellón piden más inspecciones de trabajo y más controles de Hacienda para frenar una cifra que, según auguran, “no parará de crecer si no se le pone freno cuanto antes”.
Tanto el secretario de la Confederación de Empresarios de Castellón, Rafael Montero, como el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Federico Lozano, reconocen que la solución no es sencilla, pero sí ponen sobre la mesa un posible modo de atajar la economía B en la provincia: reforzar inspecciones para combatir el fraude fiscal y laboral. “La economía sumergida supone una competencia desleal para las empresas que cumplen con todas las obligaciones legales y conlleva que no se ingresen impuestos ni se regularicen a los trabajadores”, apunta Montero. “Hay que luchar de una forma clara para que no siga el incremento que se está produciendo en los últimos años con la crisis de fondo, hay que revertir la tendencia”, insiste el representante de los empresarios. Por su parte, Lozano reconoce que el de los autónomos es uno de los sectores “más perjudicados por la economía sumergida”, sobre todo, dice, “en profesiones relacionadas con la construcción; pintores, escayolistas...”. “Las últimas cifras nos han asustado y si no hacemos nada serán peores el próximo trimestre. Hay que combatirlas”. H
