La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresident de la Generalitat Francisco Camps por la trama Gürtel, tras las declaraciones en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano del exsecretario general del partido, el castellonense Ricardo Costa, y de otros condenados que le acusaron de crear dicho sistema.

Anticorrupción trata así de que se impute a Camps por un presunto delito de prevaricación referido a una adjudicación irregular de fecha 30 de diciembre del 2008 y que no habría prescrito.

Para ello, la Fiscalía pide a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional reenviar la pieza denominada Valencia 5, sobre las contrataciones de la Generalitat con la trama y que está pendiente de juicio, al juez del caso Gürtel, José de la Mata, para que la reabra con el objeto de investigar a Camps en relación a una presunta prevaricación.

La respuesta de Camps a la petición de la Fiscalía no se ha hecho esperar. El exjefe del Consell, en un escrito remitido a la agencia Efe, afirma que, si finalmente es imputado, esa acusación se basará en «especulaciones sin fundamento». «Si la Audiencia Nacional decide imputarme sería sin una prueba fehaciente, sin un indicio sólido, basándose en especulaciones sin fundamento», asevera Camps, quien lamenta haber conocido la intención de la Fiscalía «por los medios de comunicación, antes incluso de que esa petición se hubiera realizado».

La Fiscalía, señala el expresident del Consell, pudo haberle preguntado en el juicio por todo, «jurando decir verdad», algo que como testigo él «siempre» ha «hecho», si bien el fiscal no le preguntó a pesar de que ya se habían realizado las declaraciones de Costa y Álvaro Pérez, por lo que «no puede apelar al desconocimiento de las mismas», e incluso «podría haber instado deducción de testimonio de particulares, y tampoco lo hizo».

adjudicaciones irregulares // La pieza Valencia 5, según recuerda el Ministerio Público, «se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas Consellerias y sociedades públicas valencianas» y en algunos casos, como el de la directora de Promoción Institucional de la Generalitat, los hechos se califican como prevaricación. Dicho cargo, explica la Fiscalía, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, que ostentaba entonces Camps, por lo que considera posible investigarle por un posible delito de prevaricación en relación a la citada adjudicación de 2008.

Dado que dicha pieza se encuentra todavía pendiente del señalamiento del juicio oral, la Fiscalía cree que procede reabrir la instrucción y poder investigar las eventuales indicaciones que la acusada en dicho apartado podría haber recibido de sus superiores últimos para adjudicar la contratación en los términos en que lo hizo. Para la elaboración del referido escrito, el Ministerio Fiscal se basa en la declaración que prestaron en el juicio Ricardo Costa y otros implicados como los cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, y Álvaro Pérez --el Bigotes--, que señalaron a Camps como responsable de la financiación ilegal. A ello añade las conversaciones intervenidas entre 2008 y 2009 en plena investigación de la trama y correos electrónicos localizados.