La Fiscalía del caso del Centro de Convenciones de Castellón ha solicitado el sobreseimiento de la causa que investiga posibles irregularidades en torno al proyecto de Santiago Calatrava. El arquitecto acudió el martes en calidad de imputado por los contratos firmados para la obra, que se quedó solo en maqueta y por la que cobró 2,7 millones de euros.

Según fuentes judiciales del proceso, el juez todavía no puede resolver esta petición al quedar diligencias previamente acordadas por practicar, aunque todo apunta a que finalmente será aceptada. Así lo publicó ayer la edición digital del periódico ABC, que recoge que durante su declaración en los juzgados de Castellón, Calatrava defendió la legalidad de los acuerdos de planificación del edificio y aseguró que “siguió las pautas del encargo” realizado por la Generalitat, cumpliendo “cada una de las fases establecidas en el contrato”.

Además, detalló que recibió una llamada telefónica en mayo del 2008 del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps -poco antes de la presentación de la maqueta-, en la que le pedía que se volcara con el proyecto, resaltando su importancia para Castellón. Sus letrados matizaron que en ningún momento aludió a realizar el más ambicioso programa de necesidades.

El diario ABC informó ayer a su vez que en los escritos del juzgado consta que el proyecto del arquitecto triplicaba el presupuesto establecido en el contrato, de modo que los 60 millones orientativos iniciales pasaban a 180, lo que suponía, a su vez, un aumento sustancial de sus honorarios, que se actualizarían en función del coste real de la obra. El arquitecto percibió finalmente 2,7 millones, equivalentes al 4,5% del presupuesto de licitación inicial del proyecto, en un aparente incumplimiento contractual.

Según explicaron a Mediterráneo en la tarde de ayer fuentes cercanas a Calatrava, los abogados del arquitecto no tienen aún constancia oficial de la petición de la Fiscalía, aunque entienden que es un asunto que todavía no ha llegado a sus manos puesto que son los procuradores quien controlan esos menesteres. H