La investigación abierta en el juzgado número cuatro de Castellón por posibles irregularidades en el cobro a los ayuntamientos por parte de Diputación de entradas para la corrida de la Beneficencia se ha ampliado. Según ha podido saber Mediterráneo, el juez ha decidido imputar al secretario de la institución provincial, Manuel Pesudo y a la interventora, María Isabel Gil de Grado. Además, José María del Campo, quien durante la época en la que se produjeron los hechos era responsable del departamento de Tesorería --ahora ya no trabaja en la Diputación--ha sido citado como testigo.

De esta manera, ya son cuatro las personas imputadas tras la investigación abierta en su día por el Ministerio Fiscal, puesto que en esta causa también se encuentran en la misma situación Carlos Fabra, expresidente de la Diputación y del PP de Castellón; y Francisco Martínez, exvicepresidente provincial y actual diputado, ambos por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

DECLARACIONES PREVIAS // Ha sido precisamente a raíz de la declaración que hicieron Fabra y Martínez el pasado día 17 en el número cuatro de la Ciudad de la Justicia que el juez ha decidido llamar a declarar en calidad de imputados al actual secretario y a la interventora y al exresponsable de Tesorería como testigo. Los tres tendrán que acudir al juzgado en mayo.

Tanto Carlos Fabra como Francisco Martínez argumentaron cuando prestaron declaración que actuaron avalados por los técnicos de la Diputación y que nadie les advirtió de que estaban cometiendo algún tipo de ilegalidad con el funcionamiento de la entrega de las entradas de la Beneficencia a los municipios. El expresidente de la Diputación, además, responsabilizó a su sucesor en el cargo, Javier Moliner, del acuerdo de compensación con el Ayuntamiento de Vila-real, que es quien denunció el caso después de que en noviembre del 2011 se firmó un decreto para que el municipio cobrara los 20.000 euros de las últimas entradas que se les había cobrado, una vez el por aquel entonces alcalde Juan José Rubert (PP) dijo que no se tendrían que haber pagado. De todos modos, 48 horas después de estas declaraciones el expresidente del PP provincial matizó que no quiso señalar en ningún momento a Moliner como responsable de lo sucedido en relación al Ayuntamiento de Vila-real. “Solo dije que cuando se firmó ese acuerdo yo ya no era presidente de la Diputación”, apuntó a Mediterráneo.

Tras la decisión tomada ayer por el juez, todo apunta que va a seguir la línea marcada por el fiscal, quien en su auto del 11 de diciembre del 2013 marcó los cambios en la gestión de la corrida de la Beneficencia en esta legislatura con Moliner al frente: “El festejo se incluyó en la Magdalena y no directamente por la Diputación, sino mediante un convenio con Tauro Castellón”. H