Los juzgados de paz castellonenses tramitaron el año pasado 58.110 asuntos, 25.018 en materia Civil y 33.092 de carácter Penal, evitando que los ciudadanos tuvieran que desplazarse a capitales del partido judicial a realizar las gestiones y rebajando de paso la saturación, en cadena, de la Administración de Justicia en nuestra provincia. Son las cifras que tendrían que asumir jueces de carrera según la reforma que, en aras de la profesionalidad, impulsa el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La cifra, hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística, supone un ligero aumento del 2,6% respecto a la del año anterior --cuando alcanzó 56.570--, y sigue siendo sensiblemente superior a los 55.047 asuntos que gestionaron los 36 juzgados de paz castellonenses en el 2011. El aumento se ha dejado notar particularmente en la jurisdicción Penal --que superó la barrera de los 30.000 asuntos en el 2011 y no ha parado de aumentar--. No obstante, en Civil las cifras también van en ascenso motivado ello por la actual crisis económica.

Respecto al 2013, los juzgados de paz de Castellón celebraron 1.140 juicios verbales en sus instalaciones municipales. De estos, 235 fueron por casos civiles y 905 fueron juicios de faltas. Asimismo, se resolvieron 628 actos de conciliación y 1.148 diligencias previas en materia Penal.

REFORMA DE LA LEY // El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, llevó en abril al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley del poder judicial. El ministro logró el visto bueno de una ley que pretende, entre otras cosas, eliminar los casi 7.900 juzgados de paz que trabajan actualmente en España, entre ellos los 36 de Castellón.

Una justicia del siglo XXI en la que prime la profesionalización de sus miembros. Esto es lo que quiere conseguir el Gobierno, según las palabras del ministro de Justicia, con el anteproyecto presentado y que en estos momentos está en trámite parlamentario.

Según el texto legal de la reforma, este objetivo ha de pasar necesariamente por la eliminación de la figura de los jueces de paz, personas que no son licenciadas en Derecho y que desempeñan su labor en los núcleos rurales. Desaparecen los jueces, pero no los juzgados de paz, “que asumirán labores de apoyo y acceso al Registro Civil”, según el Gobierno.

Los jueces de paz conocen siempre de asuntos de entidad menor. Su principal labor es la de mediar para conseguir acuerdos y evitar así que el asunto acabe en el juzgado aliviando la carga judicial y generando un ahorro al Estado. H