El juzgado de Instrucción número cuatro de Castellón ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y el expresidente en funciones de la institución, Francisco Martínez, por la corrida de la Beneficencia, causa por la que ambos estaban imputados por un presunto delito de prevaricación y fraude.
La jueza también ha estimado archivar el proceso contra los otros tres imputados: Manuel Pesudo, secretario de la Diputación; María Isabel Gil, interventora provincial; y Blas Ninot, técnico en el departamento de intervención de la institución.
El auto, al que ha tenido acceso Mediterráneo, concreta que después de escuchar a los imputados y analizar la querella presentada en su día por el Ministerio Fiscal “ninguno de los actos descritos tiene cabida en el tipo penal de fraudes y exacciones ilegales de los imputados ni en la malversación de caudal público”.
El caso arranca en el juzgado cuando la Fiscalía acusa a los dos políticos de delinquir mediante la asignación a municipios de entradas para la tradicional corrida de toros de la Beneficencia, que en el caso de no efectuarse el pago por los consistorios, se les descontaba el importe del mismo del cobro de tributos.
VILA-REAL // Este método de cobro fue investigado por la Fiscalía y en junio del 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat condenó a la Diputación a abonar al Ayuntamiento de Vila-real los 19.850 euros cobrados mediante el citado sistema de compensación por unas entradas que no llegaron a adquirir. La sentencia observaba además ciertos indicios de un “ilícito penal”, por lo que el alto tribunal valenciano remitió la resolución a la Fiscalía, quien a su vez, lo elevó al juzgado de Instrucción número cuatro, momento en el que se imputa a los políticos y se les cita para declarar.
Carlos Fabra acudió a la Ciudad de la Justicia en marzo de este año, y a su salida dijo a los periodistas que a él nunca le habían advertido de ilegalidades en la adjudicación de las entradas de los toros. “Durante mi mandato no recuerdo que se haya realizado ninguna compensación de deuda por una corrida de la Beneficencia, y respecto al acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Vila-real tendrían que preguntar a mi sucesor porque yo hacía tres meses que no era presidente”.
Tras las declaraciones del exlíder del PP y de Francisco Martínez, la jueza imputó a los dos altos cargos de la Diputación, la interventora y el secretario, y días más tarde, al técnico.
Todos ellos han quedado ahora exculpados en este proceso en el que además de la Fiscalía, estaba como querellante el grupo socialista en la Diputación por vía de su portavoz, Francesc Colomer. El auto de la jueza es provisional y, por tanto, cabe esperar a ver si alguna de las partes decide recurrir el sobreseimiento. H
