El hecho de que el copago deba satisfacerse bajo la figura de una tasa y no de precio público, como ocurría hasta comenzar este año, aporta nuevos motivos de preocupación para las personas con discapacidad afectadas. Desde el pasado día 20, quien cobra la tasa es Hacienda, mientras que con el anterior copago, el dinero lo recogía cada mes la Conselleria de Bienestar Social. Una de las consecuencias inmediatas es que quien no pague será tratado del mismo modo que quien no haya satisfecho el importe de una multa, por ejemplo, o incluso peor, según se mire. Tal y como señalan desde el Cermi, en los documentos de cobro ya recibidos por las tasas de enero se advierte la posibilidad de multas solo por retrasarse en el pago. Si el abono no se produce, a las sanciones económicas se teme que pueda sumarse la suspensión del servicio, sea cual sea la situación del discapacitado.
